Un fallo judicial le dio la razón a un grupo de estudiantes de la vereda San Agustín, en el municipio de Apía, quienes enfrentaban serias dificultades para acceder a su derecho a la educación debido a la falta de transporte escolar.
La decisión se produjo luego de que, el pasado 19 de marzo de 2026, un padre de familia interpusiera una acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Risaralda y la administración municipal de Apía, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la educación y al acceso al transporte escolar.
El caso se originó tras el traslado de varios estudiantes desde la Institución Educativa La Floresta hacia la Institución Educativa Sagrada Familia, debido a denuncias relacionadas con presuntos actos de discriminación, maltrato y condiciones inadecuadas dentro del plantel educativo anterior. Actualmente, estos señalamientos también habrían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Pese a que en la nueva institución se les ha garantizado un entorno de inclusión y trato digno, la falta de transporte escolar se convirtió en una barrera crítica, obligando a los estudiantes a recorrer largas distancias, ausentarse de clases o depender de terceros para movilizarse.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, el transporte escolar es un elemento esencial para garantizar el acceso efectivo a la educación, especialmente en zonas rurales, por lo que su ausencia puede vulnerar derechos fundamentales como la igualdad y la dignidad.
El padre de familia denunció además que, aunque realizó solicitudes desde febrero ante las autoridades, incluyendo compromisos verbales por parte de funcionarios locales, el servicio nunca se materializó.
Finalmente, el juez falló a favor del menor, ordenando la garantía del transporte escolar. Sin embargo, se señaló que la Secretaría de Educación departamental no respondió oportunamente a la acción judicial.
Este caso vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan estudiantes de zonas rurales para acceder plenamente a sus derechos, así como cuestionamientos sobre la gestión y respuesta de las autoridades competentes.
