Decomisan bienes por más de $4 mil millones a la excongresista Aida Merlano
La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional ocuparon con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 4 mil millones de pesos a la prófuga excongresista Aida Merlano.
Se trata de seis apartamentos en Barranquilla, cuatro en Bogotá, un vehículo marca BMW, una camioneta Toyota Prado y una empresa, que la fiscalía supone fueron adquiridos ilegalmente o con dineros de dudosa procedencia por la exparlamentaria.
Mientras tanto, los organismos de seguridad continúan los operativos para tratar de localizar a la excongresista, que, como se recuerda, se fugó el primero de octubre, tras ser trasladada irregularmente de la cárcel de El Buen Pastor a un consultorio odontológico ubicado al norte de la capital de la república.
La excongresista se encontraba detenida en desarrollo del proceso por el escandalo fraude electoral en el que resultó implicada la mujer.
El hecho se descubrió en desarrollo de la “Operación Casa Blanca” en la que se puso al descubierto una red de compra de votos para favorecer a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.
Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas.
Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo “sistema”.
La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas.