El Tribunal Superior de Bogotá protegió el derecho a la honra y al buen nombre del excontralor general Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien presentó una tutela debido a informes periodísticos que cuestionaban su tesis doctoral y sus títulos universitarios.
El fallo de 24 páginas explica que las publicaciones hechas por el periodista, Juan Pablo Barrientos, que acusaban al excontralor Carlos Felipe Córdoba de plagio en su tesis doctoral, distorsionaban la percepción pública sobre su trayectoria.
La Sala de Decisión Penal de Tutelas del alto Tribunal encontró sustentada la culminación en dos años del programa de derecho que cursó Carlos Felipe Córdoba, ya que la universidad explicó que fue debido a homologaciones externas y la realización de cursos intersemestrales:
“Según el reglamento académico de la institución, el plan de estudios tenía un total de 140 créditos, de los cuales 69 fueron homologados, lo que representó el 49,2 % del total” de la carrera.
Con estas pruebas, la autoridad judicial amparó los derechos a la honra y buen nombre de Carlos Felipe Córdoba Larrarte, excontralor general de la República.
Con base en esta evaluación, el tribunal decidió revocar parcialmente la sentencia previa y ordenar la rectificación de los contenidos erróneos. La corrección deberá realizarse dentro de los próximos 10 días y en los mismos medios donde se difundieron inicialmente los artículos en las páginas web de Caracol Radio y Casa Macondo y en la red social X. Según la sentencia, las publicaciones rectificadas deberán ajustarse a los “parámetros expuestos en la parte motiva” del fallo, lo que incluye el uso de “formas lingüísticas condicionales” para dar cuenta de los hechos.
Además de la rectificación, el tribunal aseguró que esta medida busca restaurar la verdad y proteger el buen nombre de Córdoba, reconociendo la necesidad de garantizar que no se repitan publicaciones similares que puedan afectar nuevamente la honra de cualquier persona.
El tribunal también especificó que la sentencia de primera instancia, en la que se ordenó la rectificación, se mantendría en su mayoría reiterando la importancia de la protección de la dignidad de las personas y la responsabilidad del ejercicio periodístico con un enfoque ético. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la Corte Constitucional revise el caso, lo que garantizaría que los derechos fundamentales de Córdoba sean evaluados desde la máxima instancia judicial del país.
