Risaralda tendrá fiscal para casos de líderes amenazados

Según datos del Ministerio del Interior desde el 2016 en Risaralda están registrados 13 líderes que han denunciado algún tipo de amenaza.

Al Gobernador Sigifredo Salazar Osorio le fue confirmada la ubicación en Risaralda de un fiscal especializado y dedicado solo a esclarecer los casos de líderes sociales amenazados en el departamento.

“Las indicaciones del Gobernador siempre han sido muy claras de no desestimar en el departamento ningún tipo de amenaza y cada que sea necesario reunir el Consejo de Seguridad para hacer seguimiento a cualquier tema que pueda alterar la convivencia o poner en riesgo la vida de cualquier ciudadano”, indicó el secretario de Gobierno, Carlos Andrés Gil.

El funcionario explicó que este Fiscal trabajará con el apoyo de un equipo del CTI y la Sijin, con el fin de acelerar los procesos investigativos, esclarecer las causas de las amenazas y si es del caso proceder con la judicialización de los responsables.

“Casos como los de los dos líderes de Pueblo Rico asesinados durante este año ya fueron esclarecidos, judicializados, los responsables se encuentran privados de la libertad y se evidenció que dichos crímenes no tenían que ver con el trabajo social que ellos ejercían en sus comunidades”, agregó el Secretario.

Y agregó que “la invitación es a quienes se sienten amenazados o han sido víctimas de cualquier amenaza confiar en sus autoridades y acudir a ellas antes que realizar sus denunciar por cualquier otro medio. Para el Gobernador Sigifredo Salazar Osorio es una prioridad garantizar la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos”.

Estas decisiones se fortalecerán con las medidas adoptadas por el gobierno nacional entre las que se encuentran el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección; un sistema de recompensas para dar con los responsables de estas muertes y la creación de una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior.

Dato de interés
El gobierno nacional puso en marcha de una intervención para proteger la vida de líderes sociales en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

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