• El país de la barbarie

    El avance de una sociedad se puede medir objetivamente a través de variables que muestran la manera como se relacionan sus miembros y, especialmente, cómo dirimen sus diferencias. En términos generales, se puede afirmar que la expresión de cualquier forma de violencia se da mayoritariamente en regiones o países con un pobre desarrollo en lo que tiene que ver con indicadores sociales como niveles de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades en educación y empleo y en la violación de los derechos humanos. En días pasados se publicó el último informe de la ONG británica Global Witness; esta es una entidad que se ha dedicado durante los últimos años a realizar un seguimiento en todos los países del mundo a la relación que existe entre recursos naturales, personas y organizaciones que velan por su preservación y los fenómenos sociales derivados de esta actividad, como el desplazamiento, los conflictos entre grupos que tratan de apoderarse a sangre y fuego de las riquezas territoriales, el narcotráfico y los niveles de corrupción.

    Dicho informe pone en evidencia los homicidios que se han perpetrado a líderes y defensores del medioambiente. En 2020, se produjeron 227 asesinatos en el mundo, y el escalafón de los países que ocupan los primeros lugares son los siguientes: Colombia, 65 asesinatos; México, 30; Filipinas, 29; Brasil, 20; y Honduras, 17. Con un 28 % del total de casos registrados a nivel global, Colombia es considerada por esta organización como el país más peligroso para quienes defienden el medioambiente y los recursos naturales. Los más afectados han sido, en su orden, campesinos, indígenas, guardabosques, afrodescendientes y periodistas. Esta es la cruda realidad que están padeciendo en todas las regiones de la patria las personas y organizaciones que exigen derechos elementales que deben tener las comunidades: la autodeterminación, la protección de su hábitat y de los recursos no renovables; que son parte del patrimonio y de su historia ancestral.

    En Colombia no solo se está violentando la vida de muchos de sus habitantes de regiones lejanas a los centros de poder central, sino que se desconoce el acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina), acuerdo firmado por nuestro país en la cumbre de Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, el cual busca fundamentalmente “luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. No habrá avance en el país mientras se sigan asesinando a los defensores de nuestro medioambiente.  www.urielescobar.com.co

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