La Veeduría Ciudadana ARGOS ha dirigido al Presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Emiliano Rivera Bravo, con fecha 17 de octubre de 2015, la siguiente carta:
“De nuevo nos sentimos atropellados por ese Consejo. Hace 4 años, fueron 10.936 las víctimas. En 2015 aumentaron; ahora son 12.690 electores atropellados, vilipendiados, excluidos del censo electoral, bajo el amparo dizque de un “procedimiento breve y sumario”.
Lo que está sucediendo ¿no es acaso terrorismo electoral? ¡Claro que SÍ! En 2011 esta Veeduría y la Red Municipal de Veedurías Ciudadanas “Dosquebradas Transparente” presentaron un documento bien sustentado a ese Consejo, pero de nada sirvió ante su omnipotencia. Escasamente se limitó a dar algunas lacónicas y despistadas respuestas.
Anteriormente, en épocas eleccionarias, el terror lo engendraba las FARC-EP, especialmente en las regiones más apartadas de la Patria. Ahora lo engendra el CNE, en cualquier lugar de Colombia.
Creímos que el CNE, entre muchas otras, tendría la función de propiciar políticas públicas tendientes a la disminución del abstencionismo, que en nuestro municipio fue del 46,7% en 2011. Pero lo que está haciendo es auspiciando su incremento. Y, lo peor, violando los derechos a miles de ciudadanos y ciudadanas, a votar por los candidatos de sus preferencias. Creemos que muchos tradicionales abstencionistas, por la calidad y variedad de los actuales candidatos a cargos unipersonales y colegiados, decidieron votar; y ustedes los han vetado, se los han impedido.
¿Cómo es posible que frente a la Resolución #3751, expedida por ustedes este 30 de septiembre, notificada apenas esta semana, 12.690 víctimas de sus atropellos logren presentar a tiempo los correspondientes recursos de reposición? El plazo vence pasado mañana, lunes 19 de octubre. En el hipotético caso de que los recurrentes fueren del 100%, e inclusive del 50% de los victimizados, ¿estaría el CNE en capacidad de revisar todos los recursos presentados y sus anexos en apenas 4 días antes de las elecciones? Parecer ser que todo está fríamente calculado para que el “pataleo” ciudadano se presente en su más mínima expresión, pero que -posiblemente- sí se sentirá el día de votar. Y, sin duda, ese Consejo saldrá “victorioso”, porque no ha habido quien logre ponerle el cascabel al gato.
Damos por sabido que el CNE tiene poderes omnímodos, absolutos, por lo que en vano resulta hacerle cualquier reclamación, así viole la Constitución, Sentencias de la Corte Constitucional, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Carta Interamericana de la OEA o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo resulta infructuoso, porque lo que pretende, tozudamente, es impedir que una buena cantidad de ciudadanos ejerzan su derecho a elegir.
Pero, al menos y como Derecho de Petición, denos respuesta a los siguientes interrogantes:
- ¿En Dosquebradas, entre el 1 de noviembre de 2011 y 25 de junio de 2015, a cuántas personas graduó la Registraduría Nacional del Estado Civil, como “nuevos ciudadanos”? Y, por favor, no nos remitan a esa institución porque este dato es de suma importancia para haber determinado el racero para “barrer” determinado porcentaje en el incremento de las inscripciones, que es lo que suele hacer el CNE.
- En dicho lapso ¿cuántos desplazados se asentaron en Dosquebradas?
- ¿Qué diferencia arroja el cruce entre inmigrantes y emigrantes en Dosquebradas, dentro del tiempo señalado en la literal a)?
- ¿Cuántos ciudadanos/as y dirigentes políticos de Dosquebradas, están en juicio o han sido condenados por el delito de trashumancia electoral “establecida” por el CNE? ¿O es que frente a este delito existe impunidad consentida, razón por la que abundantemente se presenta cada vez que hay elecciones, especialmente a nivel regional y local? ¿O no se hace la denuncia penal por temor a estar fundamentada en hechos falsos, como podría esta Veeduría Ciudadana demostrar muchos casos? Esto es, porque, como decimos los del pueblo, pueblo: “el que tiene cola de paja no se arrima a la candela”
- ¿Está el CNE seguro que el método de cruce de información utilizado para excluir cédulas del censo electoral es el apropiado? ¿Qué margen de error tiene? Creemos que el 90%, pero corríjanos ustedes.
Ojalá el CNE tome oportunamente los correctivos para que su lesivo “procedimiento breve y sumario” no siga destruyendo nuestra endeble democracia. No negamos que haya trashumancia; que la hay, la hay, pero no en esa magnitud. Solicitamos que se depure, razonablemente, el censo electoral para que no se siga presentando, elección tras elección, tan fastidiosa y temida situación; e igualmente exigimos que se castigue penalmente a quienes a “motu proprio” o a petición de parte hayan incurrido en este delito y, fundamentalmente, a quienes lo patrocinan.
Porque, además, puede ocurrir que ciertos politiqueros tengan en su innoble dehesa “capturado” un rebaño de mansas ovejas en número suficiente que les garantice su reelección; y, por tanto, no les conviene que en el Censo Electoral haya nueva gente que, con independencia, sepa elegir. En fin, lo que nos interesa y exigimos es que HAYA JUSTICIA, caiga quien caiga.
Del señor Presidente con todo respeto y consideración,
FERNANDO PIÑEROS SMITH
Veeduría Ciudadana ARGOS
Coordinador.”
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Leído este oficio, debemos recordar que hace cuatro años estábamos frente a situación similar. Tocamos puertas en la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, al mismo Consejo Nacional Electoral, con resultados infructuosos. A nivel local acudimos a la Personería y al Concejo Municipales. Igual, nada de nada. Recordamos que ante el apremio que hizo la Veeduría Ciudadana ARGOS, la Corporación Edilicia designó una Comisión Accidental que presidió el Concejal MIGUEL ÁNGEL CORREA BEDOYA, para que analizara la situación y se pronunciara al respecto. Estamos seguros que, dentro del tiempo estipulado por el reglamento interno del Concejo, no se rindió informe sobre la gestión de dicha Comisión. Si se hizo, fue en forma extemporánea. Respetuosamente invitamos a dicho Concejal o al Presidente de la Corporación, para que comuniquen públicamente a la ciudadanía qué resultados arrojaron sus gestiones (si es que las hicieron) sobre ese atentado en 2011 a la democracia dosquebradense. Y, en su debido momento, preguntaremos al nuevo Concejo, a la clase política local y departamental y al Comité Municipal de Garantías Electorales, qué van a hacer para detener semejante atropello.
La mayoría de las personas afectadas por esta exclusión, no lo saben. Sentirán el “varillazo” el domingo 25 de octubre. ¿Habrá motines? ¿Disturbios? No lo sabemos. Pero las autoridades deben estar alerta porque la gente se cansa de tan infamia.
