Con medida de aseguramiento en centro carcelario cobijó un juez de garantías a Carlos Eduardo Toro Avila, exalcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y actual candidato; Ricardo Buitrago Correa, exsecretario de Planeación de ese municipio; y Gerardo Restrepo Marín, Jurídico.
En la misma decisión, se le otorgó la libertad a John Jairo Reyes Londoño, contratista; Jorge Augusto Cadavid, abogado representante de los contratistas.
A los detenidos, la Fiscalía les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Igualmente fue imputado Rubén Darío Echeverry, contratista; quien al momento de la judicialización se encontraba en Uruguay y desde allí envió poder a un abogado para su representación.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el 31 diciembre del 2015 –último día del periodo de administración del alcalde municipal- Toro Avila en compañía de sus secretarios, al parecer, instrumentalizó a la Secretaria de Gobierno Diana Carolina Ortega para que firmara un convenio asociativo de vivienda de fecha 30 de diciembre de 2015. Este día fungía como alcaldesa encargada.
Los elementos recopilados en las indagaciones evidenciaron que en el convenio se estipulo la construcción de 8051 viviendas VIS y, además a una obligación legal como es la carga urbanística se le dio apariencia de aporte. A cargo del municipio estaría el aporte de los impuestos de delineación, licencias de urbanismo y de construcción que requerían la previa y obligatoria autorización del Concejo Municipal.
Asimismo, se lograron evidenciar presuntas irregularidades como que el mismo 31 de diciembre el Secretario de Planeación expidió la licencia de urbanismo, no cobró el impuesto de delineación generado a la expedición de la licencia y, en consecuencia, se produjo un detrimento patrimonial en suma de $599 millones.
Este proceso se adelanta en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción.
