La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el grupo anticorrupción de la Policía Judicial, Dijín, propinó un nuevo golpe contra los presuntos hechos de corrupción en Dosquebradas, donde cinco personas están siendo investigadas por presuntas irregularidades en el contrato de las fiestas aniversarias Dosquebradas 50 Años. Cuatro de ellas fueron capturadas y una se presentará voluntariamente ante las autoridades.
🚨 Capturas y nombres implicados
Las detenciones se realizaron el miércoles en Dosquebradas. Entre los capturados figuran exfuncionarios de la administración municipal de 2022 y un concejal activo del municipio de Belén de Umbría.
– Natalia Trilleras Giraldo, exdirectora operativa de Cultura, avaló estudios y supervisó el contrato.
– Angélica María Raigosa Restrepo, periodista y asesora de prensa de la Alcaldía, también supervisora del contrato.
– Carlon Londoño Sánchez, actual concejal de Belén de Umbría por el Partido Liberal y expresidente del concejo en 2024, señalado como presunto beneficiario directo del contrato.
– Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia, entidad contratada para ejecutar las fiestas.
Por su parte, Yolima María Bueno Mendoza, secretaria de Cultura en 2022 y actual secretaria de Desarrollo Social, no fue capturada debido a la falta de orden de allanamiento. Sin embargo, se conoció que se presentará voluntariamente a la audiencia de imputación de cargos, acompañada por su abogado.
📑 El contrato bajo la lupa
Los hechos se remontan a noviembre de 2022, cuando se ejecutó el convenio de asociación No. 2526 por un valor de $761.841.664,71, destinado a la realización de eventos culturales por los 50 años de Dosquebradas. Según la investigación, el contrato fue adjudicado de forma directa al concejal Londoño, utilizando como intermediario a Arias Orozco y su fundación, que habría servido como fachada.
Las autoridades señalan que los recursos públicos no fueron invertidos por la fundación, sino entregados directamente al concejal, quien habría recibido $242.049.913. Además, el convenio aún no ha sido liquidado, pese al tiempo transcurrido.
🕵️♀️ Presunta red de complicidades
La Fiscalía sostiene que Yolima Bueno, como ordenadora del gasto, junto con las supervisoras Raigosa y Trilleras, y el contratista Arias, certificaron la ejecución satisfactoria del contrato, a pesar de conocer que los recursos no fueron manejados por la entidad contratada. Esta presunta red de complicidades habría facilitado el desvío de fondos públicos en favor del concejal Londoño.
