• Suspensión de visas a magistrados es “violación de nuestra soberanía”: congresistas

    RAM / Desde el Congreso de la República rechazaron que algunos magistrados de la Corte Constitucional que han manifestado estar a favor del acuerdo de paz con las Farc, estén aparentemente siendo víctimas de una “persecución”.

    Legisladores de la Comisión de Paz y de la Comisión de Relaciones Internacionales afirmaron que el retiro de las visas a tres magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia es una grave intromisión del Gobierno de los Estados Unidos en asuntos internos de Colombia.

    El senador Iván Cepeda advirtió que “es evidente que hay una presión extrema contra la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Esas presiones y chantajes son un atentado directo contra nuestra soberanía y exigen que el Gobierno y el presidente Duque se pronuncien de una manera tajante solicitando respeto para nuestra soberanía”.

    El senador Antonio Sanguino le hizo un duro llamado al presidente Iván Duque para que tome cartas en este asunto.

     “Que el presidente Duque no se siga comportando como un notario de esta violación de la soberanía nacional. A no ser que el presidente sea cómplice de la Embajada de Estados Unidos en esta injerencia y en esta presión inaceptable sobre la Corte Constitucional y las demás cortes en el país”, indicó.

    Más temprano se había informado que la embajada de Estados Unidos había suspendido las visas para ingresar a ese país de los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, además del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño.

    Según publicó la revista Semana, ante esta situación “la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, y dos magistrados fueron al Palacio de Nariño (sede del gobierno) para informar la situación. A su turno, el presidente Iván Duque se comunicó con el saliente embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, para tratar de apaciguar las cosas”.

    Se ha advertido que la suspensión de las visas a estos magistrados podría constituirse en una jugada diplomática para que la Corte Constitucional apruebe las objeciones que presentó el Gobierno a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

    Trascendió además que luego de sucedida esta situación, se dio un ‘pacto de silencio’ dentro de la Corte Constitucional.

    A pesar de que durante varios días se escuchó una versión sobre esa información, ninguno de los magistrados de ese tribunal había confirmado esa determinación del gobierno estadounidense. Incluso, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortíz, negó en varias oportunidades los hechos.

    Al parecer, existía una división entre los nueve magistrados de ese tribunal. Mientras algunos de ellos estarían a favor de mantener ese ‘pacto de silencio’ otros, por el contrario, consideraban necesario expresar su preocupación y declarar el caso como un ‘incidente diplomático’.

    Se conoció que el magistrado Antonio José Lizarazo ya solucionó esta situación, mientras la magistrada Diana Fajardo tendrá una cita el próximo lunes 12 de mayo, con el cónsul de Estados Unidos en Colombia.

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