Risaralda se ubicó entre los tres departamentos del país, que lograron una calificación Alta Sobresaliente, por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ya que cumplió con las obligaciones en materia de políticas y proyectos encaminados al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado durante el año 2014.
Según la evaluación de la Unidad de Víctimas, Risaralda se ubicó en este puesto ya que superó el 100 por ciento en sus metas de atención a las víctimas.
“La evaluación realizada a todas las Gobernaciones y Alcaldías tuvo en cuenta la relación de la Gobernación con los municipios y con la Nación; ejecución de los planes de acción territorial; operación de los comités de justicia transicional; reporte de la inversión en víctimas; facilitación de la participación efectiva de las mismas; creación y operación de sistemas de información”, afirmó Paula Gaviria Betancur, directora Nacional de la Unidad para las Víctimas durante la socialización de resultados realizada en Bogotá.
La certificación territorial es un ejercicio de medición que anualmente busca identificar, evidenciar y reconocer los avances, fortalezas, debilidades y necesidades de las entidades territoriales para la efectiva aplicación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), de manera tal que se pueda asistir a las autoridades locales y regionales y definir dónde priorizar o focalizar acciones que beneficien a la población víctima.
Al conocer los resultados de la evaluación, el Gobernador, Carlos Alberto Botero López, indicó que esta certificación refleja el compromiso del estado para cumplir a las víctimas del conflicto armado y garantizar sus derechos.
“La clave para que no existan más víctimas es apostarle por convicción a la reparación con un trabajo articulado entre la nación y los entes territoriales”, dijo Botero López.
Dato de Interés
El evento contó con la presencia de gobernadores, alcaldes, representantes del Ministerio del Interior, los organismos de control, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, de la Comisión de Víctimas del Congreso de la República y de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
En el año 2012 se evaluaron acciones relacionadas con la adecuación y alistamiento institucional que establecía la Ley de Víctimas que debían ejecutar municipios y Departamentos. En 2013, la evaluación se orientó a medir la operatividad de esa institucionalidad, y la implementación inicial de programas y proyectos para beneficiar a la población víctima de cada territorio. Y para la vigencia 2014 el énfasis de la medición fue la consolidación de la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
