• Exministro Andrés Felipe Arias, insiste en su inocencia

    El exministro Andrés Felipe Arias, preso en EEUU mientras se resuelve si es extraditado, dijo que algo «está podrido» en la justicia de su país, pues recibió de jueces «corruptos» e «ilegítimos» una «condena descabellada» por un delito que según él no cometió y además no puede apelar.

    En una «Carta abierta a los colombianos», Arias relata la «tribulación aguda y dolorosa» que le ha causado a él y su familia la condena a 17 años de cárcel que la Sala Penal de la Corte Suprema de su país le impuso en 2014 por el llamado caso del programa Agro Ingreso Seguro.

    El caso que involucra a Arias, muy cercano al senador y expresidente Álvaro Uribe, fue un programa para otorgar créditos blandos a pequeños agricultores para instalar sistemas de riego, del que se aprovecharon grandes terratenientes.

    El exministro de Agricultura, que llegó a Estados Unidos casi en coincidencia con el anuncio de la condena y pidió asilo político, reitera su inocencia en su mensaje a los colombianos, a los que pide que, dejen de lado sus «prejuicios» hacia él y le escuchen, pues que ellos también pueden ser víctimas de «injusticias».

    «Jamás me robé un peso, ni permití que otros robaran», señala Arias, quien es solicitado por la justicia colombiana por los cargos de peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos, los mismos por los que fue condenado en Colombia.

    «Probablemente usted no sepa que mi condena obedece a tres convenios que suscribí, como ministro, con un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos para operar el programa Agro Ingreso Seguro; convenios jurídicamente idénticos a más de 130 que fueron suscritos durante los últimos 25 años entre el Ministerio y el mismo organismo de la OEA», dice en su carta.

    Entre otras razones que, a su juicio, indican que ha pagado «el precio del odio político y la corrupción de los jueces» que le condenaron.

    Además, menciona que una jueza firmante de su condena nunca asistió a una audiencia y que la Procuradoría General de su país pidió su absolución por falta de pruebas.

    Es más, dice, «los particulares que realmente estafaron al programa Agro Ingreso Seguro no pagaron ni un solo día de cárcel», subraya.

    Arias, que recuerda que lleva 382 días privado de libertad en Estados Unidos, señala que puede probar que actuó con «absoluta integridad» cuando fue ministro y tiene duras palabras para los jueces de la Sala Penal que le condenaron, pero también para los que no acceden a concederle el derecho a la apelación (no previsto en condenas de la Corte Suprema).

    «Aunque he intentado apelar esta injusta condena, la Sala Penal no me quiere conceder este derecho. Supongo que algunos de sus magistrados temen que se me permita desnudar todas las anomalías que cometieron en mi contra», dice.

    Menciona al respecto el entramado de corrupción con el que han sido vinculados magistrados de la Corte Suprema colombiana, lo que se conoce -dice- como el «Cartel de la Toga», un «grupo de jueces mayoritariamente corruptos y, por ende, ilegítimos».

    Subraya también que el único magistrado que no aparece mencionado en las grabaciones de la DEA (agencia antidrogas de EE.UU.) que desnudaron el «entramado de corrupción», fue precisamente el que votó en contra de su condena.

    «Algo está podrido cuando la justicia se utiliza para saldar odios y cuentas políticas», dice Arias.

    El exministro se pregunta en la carta cómo entender que «personas que hasta hace poco asesinaban, secuestraban y narcotraficaban en los montes de Colombia» hoy formen parte del Congreso, mientras él, «sin haber cometido delito alguno», sigue encarcelado y «despojado» de sus derechos políticos de por vida.

    Arias asegura por último ser víctima de un «secuestro», aunque «se cubra de ropaje institucional», y advierte de que lo que él y su familia han pasado «mañana puede tocarle a cualquiera».

    Quien fuera ministro de Agricultura durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) fue detenido en el sur de Florida en 2016 y sometido a un juicio de extradición, que todavía no ha agotado todas sus instancias, aunque dos jueces se han pronunciado ya a favor de enviarlo a Colombia.

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