En anterior oportunidad me había referido acerca de la necesidad de manera contundente de no votar por ninguno de los que hoy aspiran a ocupar una curul en el congreso. En la idea de no satanizar a todos los que están y los que aspiran, pero sobre todo buscando la forma de cómo hacer viable la propuesta que contó con un amplio respaldo de la ciudadanía, 4.313.963 firmas recolectadas a lo largo y ancho del país, clara demostración de la inconformidad y el hastío que produce una institución que goza de todo el descredito y la impopularidad y que carga sobre sus espaldas con los más bochornosos actos de corrupción en los últimos años, es necesario buscar reivindicaciones en su actuar, sino de todos, al menos de algunos de los aspirantes a ocupar un escaño en la cámara y el senado de la república.
Si de verdad lo que queremos es dejar atrás la grave polarización en la que estamos sumidos, si lo que queremos es buscar caminos de entendimiento respetándonos las diferencias conceptuales entre unos y otros, si la idea es ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, lo primero que debemos desterrar es la corrupción rampante que desde las más altas esferas del poder público ha aflorado con mayor ahínco en los últimos tiempos y que nos tiene en el primer lugar como el país más corrupto del mundo.
Un gobierno nacional que durante los últimos dos periodos acabo con las excelentes reservas económicas que se tenían, que a punta de mermelada y gastos innecesarios acabo con el poco prestigio que aún le quedaba al congreso de la república, al que a punta de prebendas y contratos lo manejo a su antojo, investigado además, por la eventualidad de haber recibido, como lo admite el propio gerente, dineros de la multinacional Odebrecht para financiar sus campañas electorales, unas altas cortes, jueces y magistrados salpicados por doquier por el descredito en la aplicación de justicia, en donde muchos de sus miembros se han visto involucrados en graves hechos de corrupción, que distan mucho del aplomo y el acervo jurídico de quienes por deber constitucional tienen el encomiable encargo de aplicar justicia en derecho, o unos entes de control y vigilancia manejados por siniestros personajes como el anterior fiscal general de la republica Eduardo Montealegre, son algunas de las graves situaciones a las que les debemos poner todo nuestro empeño en su total erradicación, si es que de verdad queremos vivir en una Colombia justa, equitativa y en paz.
Dicen los promotores de la consulta anticorrupción que de lograrse la reforma del congreso, que en uno de sus puntos básicos lo que se busca es reducir de 40 a 25 salarios SLMLV y parar la incuantificable cifra que por contratos logran a través de terceros y otras prebendas que reciben del gobierno de turno, el país obtendría en un solo cuatrienio un ahorro de la no despreciable suma de 154 mil millones de pesos, que servirían para atender necesidades básicas en salud o educación.
Que tal entonces, para simplificar las cosas y abaratar los costos que demanda la convocatoria del pueblo para lograr esta reforma, que quienes hoy ostentan el cargo y quienes aspiran a ser congresistas, empezaran por hacer una declaración pública juramentada, en la cual acepten entre otros puntos lo que son las pretensiones de quienes convocamos, participamos o estamos de acuerdo con que esta es una medida urgente y necesaria, si lo que queremos es preservar un entidad que a todas luces es el faro de la institucionalidad nacional.
Debe ser claro que la consulta no solo busca reducir el salario de los congresistas, igualmente dentro de ella deben quedar contenidos puntos tan importantes como la prohibición de hacerse elegir indefinidamente, que su declaración de renta y bienes debe ser publica desde el momento mismo en que aspire a ser elegido, que cualquier caso de corrupción comprobado sea motivo suficiente para perder la investidura, que no pueden existir sitios de reclusión distintos a las cárceles para quienes cometan delitos que conlleven al detrimento de erario público y aquí deben quedar incluidos todos: congresistas, ediles funcionarios públicos y contratistas sin importar su rango, condición social o política. Mire que fácil: una declaración pública juramentada en la que cada aspirante se comprometa a auto reformarse bajo estos parámetros….De lo contrario los colombianos de bien no debemos escatimar esfuerzos en lograr una reforma estructural de una instancia que es el paral de nuestra democracia.
