OPINIÓN / Ex drogadictos a salvo

Inclusión es verdadera equidad.

Si algún tema es de cuidadoso abordaje es el relacionado con el consumo de drogas ilícitas, tanto a nivel familiar, social como político, mucho más en una sociedad como la nuestra que en gran número de situaciones, vacila en llamar las cosas por su propio nombre. Hay razones de todo orden para hacer planteamientos abiertos y sin maquillaje alguno sobre la imperiosa necesidad de afrontar lo que representa el hecho de que cerca de 1.500.000 personas en Colombia son consumidoras de éstas – según estudio sobre Narcomenudeo en el País, dado a conocer recientemente por el DNP.

Seguramente para un buen número de personas con una actitud calificable de egoísta, les parezca inadmisible que se proponga la destinación de recursos para generar condiciones que propicien la reinserción social de quienes cualquier día cayeron al “Infernal mundo del consumo de las drogas dañinas a la salud”, que igualmente toman la decisión de abandonarlo, lo cual debe ser objeto de referibles consideraciones, así:

1ro. Se carece de información organizada, ordenada, creíble y confiable sobre la realidad cierta de la drogadicción en Colombia. Lo cual se explica en la carencia de una Política pública estatal, que dote al País de un ente que haga los análisis introspectivos, retrospectivos, perspectivos y prospectivos, de todo lo que ello contiene, por ejemplo características de la población consumidora (Edad, genero, estado de salud, ocupación, actividad laboral, nivel de ingresos, nivel académico, estrato socioeconómico en que reside, estructura familiar, entre otras). A partir de lo cual se adopte el manejo riguroso que debe empezar por la rehabilitación.

2do. A la adopción de la drogadicción como problema de salud pública, no sólo se debe dársele ese calificativo, sino que debe dotársele de su propia estructura administrativa con autonomía y autodeterminación de todo orden, por ejemplo que se cuente con un fondo de recursos económicos exclusivo para atender sus requerimientos, el cual se puede nutrir adicionalmente de las sanciones pecuniarias que se aplican a los condenados por el negocio ilícito de las drogas, y también de los dineros que se obtengan por la venta de los bienes incautados y expropiados a éstos.

3ro.  Conexo a lo anterior, es sugerible el diseño e implementación de un protocolo oficial de manejo de las circunstancias de ingreso y permanencia en el consumo de sustancias psicoactivas, y de un protocolo oficial de la implementación de los procedimientos adecuados para la rehabilitación, porque es la carencia de éstos protocolos sobre todo en el último, donde está el confuso manejo de la problemática, que se juega entre quienes se aprovechan de personas envueltas en ella y que en medio del desespero propio y/o el de la familia, se presentan como la solución a través de fundaciones que a lo mejor hagan parte de las que tenga el Gobierno para meter en cintura en cuanto al pago de impuestos, y también en la revisión de la verdadera misión social que manifiestan llevar a cabo.

4to. Sobre la drogadicción hay buena cantidad de estudios, y dentro de ellos variadas formulas para su manejo, si se acepta una de las tantas afirmaciones que alrededor de un 40% de quienes intentan salir de allí lo logran, luego de un proceso prolongado (mínimo de 1 año) y costoso-, que abarca desde la desintoxicación hasta la reinserción del individuo a la sociedad, que requiere un equipo interdisciplinario de especialistas: siquiatra, sicólogo, toxicólogo, trabajador social y, también, un grupo de apoyo, lo cual puede representar un valor de $400.000= mensuales, $1.000.0000= la manutención más $200.000= en medicamentos por cada  consumidor, lo cual al final del año arrojaría un costo promedio de $19.200.000=, y si se adiciona una ayuda técnica y económica (a quienes lo requieran) para proyectos productivos por $12.000.000=, se  tendría un costo total anual de $ 31.200.000= (sin incluir otros costos posibles por infraestructura y equipo que se pueda llegar a necesitar).

E igualmente se debe complementar con estímulos para su educación a cualquier nivel, y a los empresarios motivarlos con incentivos tributarios para que les den empleo de calidad, pues si en el Gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se dieron como ayuda en promedio a cada reinsertado exparamilitar $36.000.000= (traídos a valor presente), y para la reinserción de exguerrilleros, el Gobierno actual del Dr. Juan Manuel Santos Calderón, tiene previsto darle $30.345.000= en promedio a cada uno, es válido proponer que no basta con que  la drogadicción se asuma como un problema de salud pública, sino que se debe formular y aplicar una sólida política estatal para la reinserción de exdrogadictos como verdadero complemento a la estrategia de manejo policivo, con educación y con prevención sobre la propensión al consumo de sustancias totalmente dañinas a la salud del ser humano y del ser social.

Es hora que el Estado Colombiano asuma su responsabilidad frente al aproximado nro. de 1.50.000 consumidores de sustancias psicoactivas, según el DNP, de pronto sean más,  si se tiene en cuenta a los consumidores no confesos y a los consumidores pasivos (léase sus compañer@s). Es urgente dejar tanta actitud hipócrita, no se sabe cuando nos toque directamente hacer parte y/o vivir como familiares, en el infernal mundo de las drogas ilícitas, las cifras lo dicen todo, entre lo entregado a cada ex paramilitar, lo previsto para cada ex guerrillero de las Farc, y el costo de la reinserción por cada exdrogadicto. Exhortación respetuosa al Gobierno, para que acepte lo difícil que es conducir el manejo de un problema cuando no se conoce el camino a seguir, aunque crea que sabe dónde quiere llegar.

Fraternalmente,

Mg. Omar de J. Calderón Osorio

Presidente Amigos del Progreso – Conformado en Dosquebradas año 1993

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