«Se perdieron 300 subsidios para vivienda en Pereira»: Didier Burgos

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Como un acto de negligencia  y falta de gestión se puede calificar la pérdida de por lo menos 300 subsidios para Vivienda de Interés  para Ahorradores VIPA,  de Pereira,  denuncia el Representante a la Cámara y presidente del Partido de la U en Risaralda, Didier Burgos.

“Dichos subsidios hacen parte de un paquete de 668 solicitudes que gestionamos y que fueron aprobadas por el gobierno nacional para el programa Santa Clara, de los cuales 300 no fueron gestionados a tiempo”, dijo.

Indica Didier Burgos, que el proceso surtido se inició con la participación  del municipio de Pereira en la convocatoria nacional 057 de 2013 y la  conformación del consorcio constructor que respondiera a las exigencias de capacidad técnica, legal y financiera, siendo Cemex de Colombia el seleccionado a través de convocatoria para tal responsabilidad.

– Habían sido beneficiarios de subsidio VIPA en un paquete de 998 que aprobó el gobierno nacional.

– Las Licencias de construcción fueron rechazadas por la Curaduría Urbana por inconsistencias técnicas.

– El reglamento de propiedad horizontal solo se aprobó a finales de 2017.

– Fue negligencia de la alcaldía de Pereira porque no atendió los tiempos del proceso.

– Promovieron renunciar al subsidio para evitar que se tipifique una falta grave sancionable.

– Prometieron remediar la falta con el programa “mi casa Ya”, pero el cumplimiento sigue siendo incierto.

– Es otro caso más de negligencia del alcalde de Pereira que está más comprometido con ser jefe de debate que de gobernar.

Explicó que durante los años 2014 y 2015  se hizo la promoción del proyecto a través de diferentes medios, se abrió la sala de ventas en la propia alcaldía de Pereira, se procedió a la postulación de los potenciales hogares a beneficiar, proceso que adelantó  Comfamiliar Risaralda, tal como lo exige el programa VIPA.

Añadió que al cierre de 2015 un total de 998 aspirantes tenían subsidios nacionales habilitados y otros 450  con cierre comercial, a la espera de la asignación del subsidio. Es decir el proyecto estaba totalmente asignado en lo que se refiere a los compromisos del gobierno nacional.

“Se entiende que si la parte más compleja es el cumplimiento por parte del gobierno nacional, lo más fácil es atender el proceso siguiente que es responsabilidad del municipio. Hasta lo descrito anteriormente, deja claro que teniendo ya el consorcio constructor, el recurso económico proveniente de los subsidios, el paso siguiente era iniciar con la construcción  y entrega de las viviendas a mediados de 2017”, dijo Burgos.

Pero no ocurrió así, explicó el congresista, en 2016 se adelantó la creación del patrimonio autónomo que le permitía al  municipio trasladar el lote y los aportes de los beneficiarios, pero solo en 2017 se hizo la transferencia del predio. Las Licencias de construcción fueron rechazadas por la Curaduría Urbana por inconsistencias técnicas, el reglamento de propiedad horizontal solo se aprobó a finales de 2017. Con todas esas irregularidades y la lentitud en los procesos, el tiempo ya no alcanzó para hacer efectivos la totalidad de los subsidios asignados y se quedaron por desembolsar 300 de ellos.

Señaló Didier Burgos que para concluir este episodio, y evitar escándalos por parte de los frustrados beneficiarios,  desde la alcaldía de Pereira solicitaron a las 300 familias renunciar a los subsidios ya adjudicados y perdidos por este, que es otro caso más de negligencia del Acalde de Pereira, por estar más pendiente de ejercer como jefe de debate, que de cumplir con su deber de gobernar  para todos los pereiranos.

Así mismo hicieron la promesa que las postularían a otro tipo de subsidio como “Mi Casa Ya”, proceso que se tramita únicamente con los bancos en la modalidad de créditos hipotecarios; con condiciones totalmente diferentes que no son favorables para las familias y con la seguridad que por sus condiciones de vulnerabilidad, no cumplirán requisitos para hacer efectivos los nuevos subsidios;  además no estarían amparadas por el acuerdo inicial con Cemex de Colombia, el consorcio constructor  seleccionado.

“Hoy estas 300 familias están a la deriva y quién responde?”, se preguntó Didier Burgos.

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