“Las necesidades, particularidades y condiciones singulares, que incluyen salud mental de las mujeres deben ser tenidas en cuenta, así se encuentren privadas de su libertad, por eso le propondremos a la Directora Regional del Inpec que se revise y se ajuste el reglamento interno del establecimiento denominado Reclusión de Mujeres de Pereira, mejor conocido como cárcel de mujeres La Badea, ubicado realmente en Dosquebradas”.
Con estas palabras, la defensora Regional del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, se expresó este martes, a raíz de la evaluación hecha al establecimiento de resocialización del departamento.
“No quiero entrar en detalles, pero hemos evidenciado la enorme necesidad del cumplimiento de una serie de aspectos que a la luz del sentido común, se hacen urgentes de cumplir por parte de las autoridades penitenciarias del eje cafetero”, reiteró la funcionaria.
El anuncio fue hecho dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se cumple mañana 8 de marzo. A propósito, la Defensora del Pueblo liderará este martes una amplia jornada de derechos humanos en ese establecimiento carcelario.
Se trata de un trabajo interinstitucional del que hacen parte la Procuraduría Regional, la Personería de Dosquebradas, las secretarías departamentales de salud y educación y otras entidades, que adelantarán una brigada de salud y jurídica, con la presencia de unos 50 funcionarios.
“Nuestro objetivo es contribuir a la restauración social y re socialización de las mujeres reclusas, llevaremos a todo nuestro equipo técnico, con la presencia de al menos 20 abogados que trabajarán en subrogados y beneficios para las internas, como política de acciones tendientes a la reducción del nivel de hacinamiento, evidenciado en las cárceles
de Risaralda”, agregó Elsa Gladys Cifuentes.
La jornada incluye el suministro de medicamentos que receten los profesionales de la salud, para lo cual la empresa Audifarma patrocinará la entrega de los mismos. “No es posible que la población de internas supera las 340 mujeres y la demanda de citas médicas represadas llega a más de 400”, puntualizó la Defensora del Pueblo.
