La noticia política de la semana que termina, fue la aprobación del articulado del proyecto de acto legislativo para reformar el sistema político y electoral del país. La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, superó su segundo debate en la Cámara de Representantes, con 90 votos a favor y 16 en contra.
Según el coordinador ponente de la reforma, Carlos Felipe Quintero, el proyecto ahora pasará a su tercer debate en el Senado de la República. Para convertirse en ley, el articulado deberá superar dos vueltas en el Capitolio, lo que significa seis debates adicionales antes de llegar a la sanción presidencial.
“Fueron más de 15 horas de debate en las que se aprobaron temas como la financiación 100 % estatal, listas cerradas y bloqueadas con cremallera, y participación en los partidos políticos mediante elecciones primarias. Esta concertación busca un sistema político más transparente y libre de vicios electorales”, explicó Quintero.
El representante añadió que la financiación estatal apunta a evitar la entrada de fondos privados en campañas electorales, reduciendo así los riesgos de corrupción. Además, se determinó que la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) será realizada por el Congreso, en pleno, a partir de ternas conformadas mediante convocatoria pública.
El debate de la reforma en la Cámara se extendió hasta la noche, ante el riesgo de que la iniciativa se archivara por falta de debates antes del 16 de diciembre. Sin embargo, no se discutieron en su totalidad todos los artículos, lo que generó críticas de la oposición, que afirmó que la reforma se estaba aprobando sin el debido análisis.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, prometió organizar una mesa técnica en enero y febrero para abordar los debates restantes, previstos para el primer semestre de 2025 si se superan los próximos en el Senado.
Durante el debate se aceptaron 10 modificaciones al articulado, entre las cuales se incluyó un ajuste en las normas de doble militancia, permitiendo que no se incurra en ella si se apoya a un miembro de otro partido en una coalición. También se estableció la obligación para los partidos políticos de actualizar sus estatutos cuando haya cambios significativos en las normas políticas, con el CNE supervisando su cumplimiento.
Además, se aprobó una excepción a la obligatoriedad de listas paritarias en el Congreso, asambleas y concejos, permitiendo listas solo de mujeres o de personas con identidad de género diversa. Finalmente, se introdujo un nuevo requisito para ser magistrado del CNE, que deberá contar con un título de posgrado en derecho electoral o temas afines, y se añadieron funciones de supervisión de elecciones primarias y planes de reestructuración en el tribunal electoral.
