• Procurador alerta por falta de control de costosos asesores del Congreso

    RAM / El procurador Fernando Carrillo le envió una carta los presidentes de la Cámara de Representante y el Senado de la República para que se empiece a reglamentar el manejo de las Unidades de Trabajo Legislativo a las que tienen derecho los congresistas, pues ya se ha venido advirtiendo de irregularidades.

    Por ejemplo, fue suspendido por tres meses el representante liberal Hernán Gustavo Estupiñán, porque estaría contratando a personas que no cumplen con las funciones del Congreso de la República y se le abrió investigación por esto hechos.

    Procesos como estos toman importancia porque cada legislador puede contratar máximo a 10 personas y el salario mensual de cada Unidad no puede sobrepasar los 50 salarios mínimos, mensualmente. Es decir, con el salario actual, cada uno estará manejando al año más de 496 millones de pesos, y entre los 278 congresistas que hay actualmente se alcanzaría a pagar más de 138 mil millones de pesos.

    “Exhortar al Congreso de la República, a través de las Secretarías Generales y muy especialmente, de las Direcciones Administrativas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que proceda a la actualización y expedición de las normas reglamentarias atinentes al funcionamiento de la UTL”, dice la carta enviada a los presidentes Ernesto Macías y Alejandro Chacón.

    En la carta, el procurador menciona seis parámetros que se deben tener en cuenta para hacer dicha reglamentación, la primera, es por ejemplo, que ninguno de estos contratistas puede realizar actividades distintas a las del Congreso, y la segunda que no se pueden hacer exigencias sobre los pagos que se les hacen.

    “Está prohibida cualquier forma de requerimiento, solicitud o coacción para utilizar los recursos pagados a los miembros de la UTL, con fines diferentes a la remuneración de los servicios efectivamente prestados”, se lee.

    El tercer aspecto es que los congresistas, como titulares de cada despacho son efectivamente quienes coordinan las Unidades, pero deben hacerlo bajo lineamientos generales normativos; el cuarto, que los miembros de la UTL sí pueden ejecutar funciones desde las regiones pues es una alternativa para la presencia en los territorios del Congreso, pero el quinto aspecto se refiere a que dichas funciones deben tener registros: “estar documentadas y supervisadas, recurriendo a mecanismos de control como la presentación periódica de informes y la permanente comunicación funcional”.

    Como sexto punto, dice el procurador que es clave que la Oficina de Control Interno de Gestión haga vigilancia, seguimiento y se atiendan sus recomendaciones.

    Por último señala en su carta: “quedará a disposición, en caso de que así lo requieran, un equipo de trabajo de la Procuraduría General de la Nación, para que acompañe las acciones a que haya lugar en el marco de la independencia institucional”.

    Por irregularidades en el manejo de los funcionarios que conforman las Unidades, el Consejo de Estado ya decretó la muerte política del senador de la U, Carlos Enrique Soto, por haber autorizado varios viajes a Girardot, Panamá y Toronto sin justificación a Juan David Giraldo Saldarriaga, miembro de su UTL.

    La Procuraduría, mientras tanto, además de abrir investigación con Hernán Gustavo Estupiñán, tiene investigaciones abiertas contra la excongresista Tatiana Cabello, y el actual representante Edward Rodríguez, quien fue denunciado por Luis Leandro Peña Aya exmiembro de su Unidad.

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