En medio del delicado estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien continúa en cuidados intensivos tras el atentado del 7 de junio, dos sindicatos —la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinsergen)— presentaron una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la pérdida de su investidura.
La acción judicial fue radicada por Carlos Alberto Sánchez Grass, quien argumenta que Uribe incurrió en actos proselitistas el mismo día del atentado, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Según el documento, el senador habría participado en reuniones, discursos y publicaciones en redes sociales con fines electorales, aprovechando su posición institucional para obtener ventajas políticas indebidas.
Lo más polémico del escrito es que vincula directamente esa actividad con el atentado, señalando que “expuso su vida” al actuar de manera imprudente, lo que “generó consecuencias de ataque a su propia humanidad”.
Esta afirmación ha generado una fuerte ola de indignación en redes sociales y entre sectores políticos, que consideran la demanda como insensible y oportunista.
Desde el Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe, se ha rechazado enérgicamente la acción judicial, calificándola de “indolente” y “cruel” en un momento en que el senador lucha por su vida.
