A un cierre voluntario se vería abocada la Planta de Beneficio del municipio de Marsella, Alto El Edén, ante la imposibilidad de cumplir con la resolución que en agosto de 2016 emitieran los Ministerios de Agricultura, Trabajo, Salud y de Comercio, Industria y Turismo, en relación con el reglamento técnico que crea el Sistema Oficial de Inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir de su producción primaria, beneficio, desposte y desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación; evitando incurrir en sanción millonaria por parte del INVIMA y a un cierre definitivo.
Así lo anunció este lunes el mandatario local Germán Darío Gómez Fernández quien acompañado de la Directora de la UMATA Luz María Arias Cano, socializó ante la comunidad la situación real del actual matadero municipal, los esfuerzos que su administración ha hecho alrededor del Plan Gradual de Mejoramiento, las dificultades para acogerse a los términos de Ley de acuerdo al Decreto 1.500 de 2007 y las advertencias que alrededor del funcionamiento de estas Plantas Municipales ha hecho la propia Gobernación de Risaralda con respecto a su inviabilidad.
Pese a que desde mayo de 2017 fue obtenida una autorización sanitaria provisional por parte de la UMATA para continuar operando la central de sacrificio, su funcionamiento cesaría el próximo 9 de junio, de acuerdo a esta fecha perentoria que fue emitida en noviembre de 2012 determinado un plazo de tres años y medio para implementar a agosto de 2016 el Plan Gradual de Cumplimiento, explicó la titular del despacho agropecuario, quien expuso las razones por las cuales las últimas administraciones y ésta en particular, ha encontrado injustificable las inversiones que en estas instalaciones deben hacerse para lograr plenamente su operatividad de acuerdo a las exigencias de CARDER, INVIMA, Secretaría de Salud e instancias nacionales que tienen que ver con esta Política Pública.
La operatividad de la planta implica unas obras de adecuación por mil doscientos millones de pesos, pago de personal y mantenimiento por 248 millones 480 mil pesos anuales y 4 millones 422 mil 906 pesos mensuales, el ingreso de impuesto al municipio por degüello desde el 2016 hasta abril de 2018 por parte de la Gobernación fue de 17 millones 422 mil 906 pesos ingresando mensualmente 622 mil 246 pesos, lo que significa que alrededor de 193 años le tomaría al municipio pagar la inversión, a todas luces inviable para cualquier administración y generando un detrimento patrimonial de acuerdo a la Ley 610 del 2.000.
Lo anterior puesto que este año el municipio dejará de percibir el recurso antes mencionado de acuerdo a la Ordenanza 019 del 2015 que ordena al municipio la trasferencia del recurso recaudado por degüello al departamento y si el ente territorial realiza inversión alguna a la planta la cual no es sostenible, podría incidir a sanciones disciplinarias y fiscales por detrimento.
