Olinda García, vocera de las madres comunitarias, rechazó la objeción que hizo el presidente Juan Manuel Santos al proyecto de ley 127 de 2015, el cual buscaba que las madres comunitarias tuvieran contratos directos con el Estado a termino indefinido y garantizar los derechos a salud, pensión y riesgos profesionales.
La principal razón que argumentó el Gobierno para objetar la ley es que su puesta en marcha implicaría habilitar recursos presupuestales nuevos por unos 769.000 millones de pesos al año.
A lo que la vocera dijo el Gobierno acaba con el oficio de las madres comunitarias con esta decisión y que la próxima semana se reunirán para definir la hora cero en la que iniciarán un paro nacional.
“El martes tomaremos la decisión de cuándo arrancamos un paro nacional, apenas inicien labores con los niños para que se vean las acciones a tomar”, dijo.
García afirmó que el presidente Santos les había prometido que se les iba a reconocer la totalidad de sus prestaciones sociales, sin embargo, hasta el momento lo ha incumplido.
Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, dio un parte de tranquilidad a todos los colombianos sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos frente a la iniciativa que buscaba su vinculación directa a la planta del Instituto. «La objeción del proyecto de ley de las madres comunitarias no va en contravía de sus derechos laborales ni atenta contra ellos», dijo.
