• La ex congresista Aída Merlano se fuga luego de asistir a una cita médica

    RAM / El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, confirmó la fuga de Aída Merlano, parlamentaria electa a la que le fue anulada su participación en el Senado de la República por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones.

    Según lo que ha trascendido, Merlano se encontraba en una cita médica en un tercer piso de edificio ubicado en la calle 109 con carrera Séptima, cuando hacia las 3:30 p.m., y a través de una soga, descendió para fugarse montada en una motocicleta que la esperaba con un individuo que portaba el uniforme de una reconocida empresa de domicilios.

    Aida Merlano se encontraba asegurada por el escándalo de corrupción electoral descubierto durante las pasadas elecciones parlamentarias en Barranquilla, cuando en un allanamiento efectuado a una residencia de su propiedad en el barrio El Golf de la capital del Atlántico, se descubrió una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos.

    En el proceso se encontraron armas de fuego, 268 millones 993 mil pesos en efectivo y abundante documentación, incluidos certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.

    Se encontró, además, un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.

    Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.

    Se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto.

    La excongresista estaba sentenciada por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones.

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