• La Corte Suprema de Justicia ordena la captura de Gustavo Malo

    Así lo decidió la sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Malo es investigado porque habría hecho parte del cartel de la toga. La audiencia fue suspendida para que la defensa del jurista pueda presentar un recurso de reposición contra la medida.

    La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el suspendido magistrado Gustavo Malo podría ser un riesgo para el avance del proceso, por lo que resolvió ordenar su detención preventiva en una cárcel mientras sigue todo el juicio en su contra por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga. Malo es investigado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión, cohecho propio y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

    A esta decisión llegaron los magistrados al negar una petición de nulidad que interpuso la defensa de Malo este martes, en el inicio de la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se llevó a cabo en la Corte Suprema, en la misma sala de audiencias en la que el exmagistrado acudió durante varios años como magistrado titular. Malo llegó al lugar desde antes de las 8 de la mañana, en compañía de su abogado, el exfiscal Antonio Luis González, quien es recordado por ser el primer fiscal del caso Colmenares.

    Tras conocerse la decisión de la Corte de enviar a la cárcel a Malo, la sala suspendió la audiencia hasta la tarde de este miércoles para que la defensa, en ese momento, presente un recurso de reposición contra la medida. “Él ha comparecido a todos los llamados y, además, él no va a interrumpir las labores. Por su condición de aforado, no puede ir una cárcel común, pues él administró justicia y no se le puede indignificar de esa manera. Ya le leyeron los derechos del capturado”, dijo González al término de la audiencia.

    Cabe recordar que Malo fue acusado por el Congreso de la República por, supuestamente, hacer parte del cartel de la toga, que acudía a congresistas y otros aforados que eran investigados para “favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero” .

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