Informe reservado revela supuesto plan para alterar resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia

Un documento que habría recibido la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el proceso de empalme describe una presunta estrategia para manipular el sistema de preconteo de la Registraduría y modificar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Risaralda aparece entre los 17 departamentos mencionados en el informe.

Un nuevo escándalo sacude el panorama político colombiano. Un informe reservado, conocido por la revista SEMANA, describe un supuesto plan para alterar los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que se enfrentaron Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Según la publicación, el documento fue recibido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el proceso de empalme entre administraciones y contiene información suministrada por una fuente calificada como confiable.

El reporte señala que, presuntamente, se habría intentado acceder al sistema informático de la Registraduría Nacional para modificar las cifras del preconteo electoral y favorecer al entonces candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Un exfuncionario de la DNI, en el centro de las acusaciones

El informe menciona directamente a Carlos Andrés Oyola Tovar, antiguo funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien fue capturado el pasado 7 de noviembre por un presunto fraude relacionado con la modificación de calificaciones en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

De acuerdo con el documento citado por SEMANA, Oyola habría ingresado a la DNI para trabajar en el área de contrainteligencia y posteriormente habría sido trasladado al área de tecnología por orden del entonces director de la entidad, Jorge Lemus.

La información señala que su misión era desarrollar un sistema digital para almacenar información sensible de la institución, tarea que, según el reporte, no habría cumplido.

Sin embargo, la acusación más delicada está relacionada con un supuesto acceso al sistema de la Registraduría. El documento sostiene que el exfuncionario habría creado un usuario desde 2022 y escalado progresivamente sus permisos, hasta contar presuntamente con posibilidades de acceder al software de preconteo y modificar información.

Es importante precisar que estas afirmaciones hacen parte de un informe reservado conocido por SEMANA y no constituyen, por sí solas, una demostración judicial de que se haya producido una alteración de los resultados electorales.

Tres escenarios para modificar los resultados

El documento describe tres posibles modalidades mediante las cuales se habría buscado alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La primera consistiría en modificar las cifras del preconteo antes de la publicación de cada boletín de consolidación de la Registraduría, aumentando artificialmente los votos a favor de Iván Cepeda.

La segunda contemplaría inflar los resultados de Abelardo De La Espriella en territorios donde ya se conocía su victoria, con el propósito de construir posteriormente una narrativa de fraude electoral.

La tercera posibilidad combinaría las dos estrategias: aumentar los votos de ambos candidatos en determinadas zonas para generar la apariencia de una manipulación generalizada y justificar cuestionamientos sobre la legitimidad del resultado.

El informe también menciona una supuesta participación de actores extranjeros, entre ellos agentes cubanos identificados con los nombres de Raúl y Ramón, estructuras venezolanas y apoyo técnico ruso. Estas afirmaciones tampoco han sido acreditadas judicialmente.

Risaralda aparece entre los departamentos mencionados

Uno de los aspectos que llama la atención del informe es la extensión geográfica que habría tenido el supuesto plan.

Según el documento, la estrategia se habría proyectado para 17 departamentos y 36 municipios del país.

Entre los territorios mencionados aparecen Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

La inclusión de Risaralda resulta especialmente relevante para el departamento, pues plantea interrogantes sobre la posible intervención en los sistemas de información electoral y la seguridad de los procesos democráticos en la región.

No obstante, el documento divulgado no demuestra que se hayan alterado efectivamente los resultados en Risaralda ni identifica, en la información publicada, mesas o municipios específicos donde se hubiera concretado alguna modificación.

También habrían intentado manipular el mapa de riesgo electoral

Otro de los elementos descritos en el informe tiene que ver con el mapa de riesgo electoral elaborado por la Policía Nacional con apoyo de la DNI.

Según el reporte, presuntamente se habría buscado modificar el sistema cromático de esta herramienta, simplificando sus 36 variables y reduciéndolas a solamente tres.

La finalidad habría sido manipular la información para construir un escenario de fraude electoral que favoreciera a Iván Cepeda y cuestionara los resultados obtenidos por Abelardo De La Espriella.

El documento sostiene que los ingenieros involucrados, presuntamente bajo el liderazgo de Carlos Andrés Oyola Tovar y su hermano, habrían tenido la capacidad de modificar cifras y distribuir automáticamente los incrementos en las zonas donde Cepeda hubiera ganado o tuviera una ventaja considerable.

Un caso que queda en manos de las autoridades

La revelación abre un nuevo capítulo de controversia política sobre la seguridad electoral y el funcionamiento de las instituciones de inteligencia del Estado.

Por ahora, las acusaciones conocidas corresponden a información consignada en un documento reservado y divulgada por SEMANA. La veracidad de los hechos, la eventual participación de otras personas y la existencia de una operación para manipular los resultados electorales deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La captura de Oyola Tovar por el caso de la UNAD constituye un proceso judicial distinto y no demuestra automáticamente su participación en una eventual operación contra el sistema electoral.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso plantea preguntas de fondo: ¿existieron vulnerabilidades en los sistemas de la Registraduría?, ¿hubo intentos reales de modificar los resultados de la segunda vuelta presidencial?, ¿qué papel habrían desempeñado funcionarios o actores externos?

Por ahora, el país está ante una denuncia de enorme gravedad que exige esclarecimiento, pruebas y respuestas institucionales.

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