El presidente había prometido ejecutar un paquete de 90 decretos y resolver asuntos prioritarios en sus primeros tres meses de mandato. Sin embargo, la crisis de la salud, los problemas de seguridad y el deterioro fiscal han puesto a prueba sus compromisos. El terremoto del 10 de agosto también cambió las prioridades del Ejecutivo.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella llega a sus primeros 100 días con un balance marcado por anuncios, decisiones de alto impacto y varias promesas de campaña que todavía están lejos de cumplirse.
Durante la campaña presidencial, el mandatario habló de transformar el país en apenas 90 días. Su propuesta incluía medidas contundentes en materia de seguridad, recuperación del sistema de salud, control territorial y estabilización económica.
Sin embargo, una vez en la Casa de Nariño, el panorama resultó más complejo de lo previsto. Los problemas estructurales heredados de la anterior administración y, especialmente, el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó más de 300 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales, obligaron al Gobierno a replantear parte de sus prioridades.
El balance de estos primeros 100 días deja una conclusión: una cosa es hacer promesas en campaña y otra muy distinta gobernar un país con múltiples dificultades.
Los 90 decretos del primer día: una promesa sin claridad
Una de las propuestas más llamativas de De La Espriella durante la campaña fue la de firmar 90 decretos en su primer día de Gobierno.
No obstante, hasta ahora no se ha conocido con claridad un balance oficial que permita establecer si el mandatario cumplió ese compromiso en los términos anunciados.
Entre las decisiones normativas más relevantes se encuentra la regulación de la protesta social, firmada el pasado 13 de octubre, pocas horas antes de las primeras grandes movilizaciones contra el Gobierno. La medida generó controversia por sus implicaciones frente al ejercicio de la protesta y las garantías ciudadanas.
Salud: los $10 billones que todavía no estabilizan el sistema
La crisis del sistema de salud fue uno de los principales temas de la campaña presidencial. De La Espriella aseguró que tenía una fórmula para estabilizarlo en 90 días y garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos.
«Yo con 10 billones de pesos en 90 días estabilizo el sistema y no dejo que nadie se quede sin medicamentos y sin tratamientos. Y, además, puedo pagarles a las EPS que lo están haciendo bien y a los médicos y al personal clínico y hospitalario», afirmó durante la campaña.
Sin embargo, los primeros 100 días muestran que la solución está lejos de concretarse.
El Gobierno recibió un sistema con profundas dificultades financieras, deudas acumuladas y obligaciones pendientes entre los diferentes actores del sector. Aunque puso en marcha un plan de choque, los recursos disponibles y las medidas adoptadas todavía no han permitido superar los problemas.
La deuda con las EPS, estimada en cerca de $40 billones, continúa siendo uno de los principales obstáculos. El Ejecutivo ha dispuesto alrededor de $500.000 millones en créditos para atender parte de las necesidades del sector, pero el monto resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
A esto se suman las dificultades en la entrega de medicamentos, las demoras en citas y procedimientos y la congestión de los servicios de urgencias.
Incluso, el Gobierno ha recurrido a medidas similares a las de la anterior administración, como la imposición de medidas cautelares a EPS como Sanitas y Colsubsidio por problemas en la prestación de servicios y entrega de medicamentos.
La promesa de estabilizar el sistema en 90 días, por ahora, sigue pendiente.
Seguridad: golpes a las estructuras criminales, pero persiste la violencia
La recuperación de la seguridad fue otra de las grandes banderas de la campaña presidencial.
De La Espriella prometió que durante los primeros 90 días su Gobierno daría de baja o capturaría a diez importantes cabecillas de organizaciones narcoterroristas, bandas extorsivas y estructuras dedicadas a delitos como el llamado gota a gota.
En este frente, el Ejecutivo ha desplegado una ofensiva militar y policial, con operativos, capturas, extradiciones y acciones contra las principales estructuras criminales.
Entre los resultados reportados se encuentran las muertes en operaciones de Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’, señalado como principal cabecilla de la Estructura 28 de las disidencias de las FARC; Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’.
Este último caso desencadenó un paro armado de 72 horas por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con ataques contra establecimientos comerciales, vehículos y bloqueos de vías.
También se destaca la captura en Cali de Joel José Llanes Vásquez, alias ‘Joel Piraña’, y Eduardo Correa Barros, alias ‘Rulay’, señalados como presuntos integrantes de alto nivel de la estructura criminal conocida como ‘La Nueva Generación del Fresco’.
Pese a estos resultados, la ofensiva de la Fuerza Pública ha estado acompañada de una respuesta violenta de organizaciones criminales, que han protagonizado atentados contra uniformados y ataques a la infraestructura nacional, incluidos los peajes.
El control territorial, otra de las metas que el presidente se propuso alcanzar en sus primeros 90 días, continúa siendo un desafío. Los operativos han permitido golpes importantes, pero la persistencia de la violencia demuestra que recuperar la seguridad en todo el territorio nacional tomará más tiempo.
El fin de la ‘Paz Total’ y la Ley de Sometimiento
En materia de política de seguridad, De La Espriella también prometió desmontar la estrategia de ‘Paz Total’ de su antecesor.
Una de sus primeras decisiones fue suspender los diálogos con diferentes organizaciones armadas ilegales y orientar la política de seguridad hacia el sometimiento a la justicia.
En ese contexto, el pasado 4 de noviembre, las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron la Ley de Sometimiento, una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo.
La iniciativa busca establecer mecanismos para que integrantes de estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales abandonen la actividad delictiva, respondan ante la justicia y contribuyan al desmantelamiento de sus organizaciones.
El proyecto contempla condiciones legales para quienes decidan acogerse al mecanismo. Entre ellas están dejar las armas, suspender las actividades ilícitas, entregar a las personas secuestradas, entregar información sobre desaparecidos y colaborar con el desmantelamiento de las estructuras criminales.
También establece que los bienes de origen ilícito deben ser entregados al Estado y que los recursos obtenidos tendrán como prioridad la reparación de las víctimas.
Los beneficios no serán negociados directamente con las organizaciones criminales, sino que estarán sujetos a las condiciones establecidas por la ley y a las correspondientes decisiones judiciales. Además, se mantienen vigentes las órdenes de captura, la acción penal y las facultades de la Fuerza Pública, así como la posibilidad de extradición.
La aprobación de esta iniciativa representa uno de los avances legislativos más importantes del Gobierno en sus primeros 100 días.
Economía: la Ley de Rescate Fiscal genera controversia
En materia económica, el presidente también llegó al poder con grandes expectativas. Durante la campaña planteó estabilizar el déficit fiscal en -4,8 % del PIB durante los primeros 360 días y alcanzar un crecimiento económico del 7 %.
Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido las dificultades para alcanzar estos objetivos.
La situación fiscal llevó al Ejecutivo a presentar la denominada Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa que busca reducir el gasto público y aumentar los ingresos del Estado.
El proyecto contempla un ajuste en la estructura del Gobierno y medidas tributarias que han generado fuertes cuestionamientos, especialmente por los cambios propuestos en el IVA del 19 % para diferentes productos de la canasta familiar y otras disposiciones relacionadas con las rentas.
La propuesta ha provocado rechazo en distintos sectores políticos y económicos. Varios congresistas han anunciado que no respaldarán el componente tributario del proyecto.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en la urgencia de adoptar medidas para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió recientemente que, si no se inicia un ajuste presupuestal inmediato, Colombia podría enfrentar una crisis fiscal durante el primer trimestre de 2027.
La advertencia fue presentada durante la Asamblea General del Centro de Pensamiento Económico (Anif), donde el vicepresidente insistió en la necesidad de adoptar decisiones estructurales.
«Es indispensable hacer un ajuste fiscal», señaló Restrepo, al advertir que el país no puede aplazar las medidas necesarias para corregir los desequilibrios presupuestales.
En el mismo escenario, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, calificó la situación fiscal como «supremamente grave y delicada» y sostuvo que no existe alternativa distinta a realizar un ajuste ordenado para evitar que las condiciones del mercado terminen imponiéndolo.
Un Gobierno entre las promesas y la realidad
Los primeros 100 días de Abelardo De La Espriella dejan un panorama de contrastes.
En seguridad, el Gobierno exhibe resultados operativos contra estructuras criminales, pero todavía no consigue recuperar el control territorial que prometió durante la campaña.
En salud, la estabilización anunciada para los primeros 90 días sigue sin materializarse. En economía, las metas de crecimiento y reducción del déficit enfrentan un escenario complejo, mientras la Ley de Rescate Fiscal abre un nuevo frente de discusión política.
En el terreno legislativo, la aprobación de la Ley de Sometimiento representa uno de los avances más relevantes de esta primera etapa.
A todo esto se suma la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, que obligó al Gobierno a concentrar recursos y esfuerzos en la atención de las víctimas, la recuperación de las zonas afectadas y la reconstrucción de infraestructura.
De La Espriella llegó al poder con la promesa de ejecutar transformaciones profundas en apenas 90 días. Hoy, cuando se cumplen los primeros 100 días de su administración, el balance demuestra que gobernar resulta mucho más complejo que prometer.
Los próximos meses serán determinantes para establecer si los anuncios de campaña comienzan a convertirse en resultados concretos o si varias de las principales promesas del mandatario terminan aplazándose en medio de las dificultades que enfrenta el país.


