El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se pronunció sobre la nueva consulta popular presentada por el Gobierno Nacional, que contiene 16 preguntas enfocadas en derechos laborales y reforma a la salud. De estas, 12 corresponden a temas laborales previamente planteados y rechazados en el Congreso, mientras que las 4 adicionales están relacionadas con el sistema de salud.
Según Cepeda, el Senado analizará la iniciativa dentro del plazo constitucional de 20 días, asegurando un pronunciamiento oportuno sobre su viabilidad y legalidad.
Además, el presidente del Congreso instó a la Comisión Cuarta del Senado a alcanzar un consenso para aprobar la reforma laboral, argumentando que una legislación clara y efectiva haría innecesaria la consulta popular. Según Cepeda, la consulta, cuyo costo ascendería a 800.000 millones de pesos, difícilmente alcanzaría el umbral de 13,6 millones de votos requerido para ser válida, lo que la convertiría en un proceso poco productivo.
Cepeda también advirtió sobre posibles vicios en el trámite de la consulta, señalando que esta fue radicada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en lugar del presidente Gustavo Petro. Afirmó que una consulta con preguntas previamente rechazadas no debería presentarse dentro de la misma legislatura, además de cuestionar si el ministro tenía la autoridad para presentarla. En todo caso, aclaró que corresponde al poder judicial determinar la legalidad del procedimiento, mientras que el Senado cumplirá su responsabilidad de darle trámite.
Paralelamente, congresistas de oposición presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía contra Jaramillo y otros 18 ministros del gabinete, argumentando que no tenían facultades para radicar la consulta sin la firma del presidente Petro. Este proceso legal añade otra dimensión al debate sobre la iniciativa, aumentando la incertidumbre respecto a su futuro.
