El siguiente es el escrito dado a conocer por el diputado de la U, John Jairo Arias Henao por presuntas irregularidades en la Secretaría de Educación de Risaralda:
Este martes en la sesión de control político a la secretaría de educación, se ventilaron muchos temas, aquí empiezo con el primero.
Contrato, educación para niñas y niños con condiciones especiales. Año 2016:
Cuestionamientos que no son suposiciones:
Prestación de servicios profesionales:
Contratista: Fundación Centros de Aprendizaje Neuroharte.
Valor: $ 477.606.023
CDP y fecha: 1372 del 31 de agosto de 2016.
1) No fue la mejor calificada, pero gano.
2) Es por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).
3) empezando el año, nada se hace en esa materia (8 meses)
4) Hoy ese contrato está demandando por el tema del proceso contractual y por que fueron descalificados, siendo los ganadores (objeto de la demanda, de IPFI).
5) Al iniciar el contrato Neuroharte no comenzó con todo el personal y presento la misma interventora un incumplimiento del contrato. así y todo ya se canceló al 100%.
Contrato de prestación de Servicios año 2017. Para lo mismo.
Contratista: Fundación Progresa
Valor: $ 519.340.500
CDP y fecha: 34 del 4 de enero de 2017.
1) se legalizó seis meses después, el 6 de junio de 2017.
2) el tiempo es de180 días ( que no pueden pasar del 30 de diciembre).
3) es una fundación de la Costa que también se ganó el contrato con el municipio de Pereira, para lo mismo.
Nota:
Lo que hemos reclamado una y otra vez es la falta de una planeación real encaminada a la infancia y adolescencia, que es la población beneficiada con este tipo de educación. No es posible que estás necesidades y la población de los 12 municipios no certificados reciban solo por meses a esos profesionales y que no garantizan ni calidad ni continuidad en los procesos.
Por lo tanto ni calidad, ni cantidad, ni continuidad; como siempre se hace por cumplir y ejecutar unos presupuestos.
Ahora bien, este tipo de contratos de necesidades educativas especiales limitan la atención al calendario escolar, el cual casi siempre termina en los primeros días del mes de diciembre, lo cual genera que en ese mes no exista prestación de servicio por parte del operador, ocasionando una vulneración de derechos a esa población.
Debido a la mala planeación de estos Servicios por parte de la secretaria de educación, conozco que la misma secretaria se ha visto incursa en varias acciones de tutela, presentadas por los padres de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
Sobre este contrato 2017 y el del 2016, hemos solicitado toda la información de las interventorías.
