No han pasado ni quince días de la fundación y posterior registro sindical del recién creado sindicato de empleados del municipio de Dosquebradas “SINTRAEMDOS”, cuyo único fin es velar por el bienestar y el respeto de los derechos de todos los empleados, afiliados o no a la organización, y ya están siendo cuestionados, señalados e intimidados por algunos secretarios de despacho, funcionarios de la administración y hasta por algunos concejales.
Se entendería que la administración municipal conoce las características que debe reunir un funcionario que tenga personal a cargo y no puede alegar desconocimiento de las normas del derecho laboral y la protección de que gozan las personas afiliadas a una organización sindical y aún más sus representantes, a quienes se les otorga protección especial para desempeñar las funciones, que entre otras, son las de velar para que se respeten las garantías y derechos adquiridos de sus afiliados y de los suyos propios.
Asumir una actitud represiva consciente que redunde en una política de persecución sindical tolerada por la administración con el fin de deslegitimar la función del sindicato, su junta directiva y sus afiliados es una clara expresión de violación de derechos fundamentales de una clase trabajadora que con su fuerza de trabajo contribuye al cumplimiento de los fines del estado y el fortalecimiento de la administración.
Cuestionar la función del sindicato, sus representantes y afiliados contraría las disposiciones del código laboral Colombiano en su artículo 354 modificado por la ley 50 de 1990 en su artículo 39, como tambien lo dispuesto en la constitución política de 1991 en sus artículos 38, 39 y 55, conducta que está tipificada en el código penal colombiano en el capítulo octavo en su artículo 200, y que además es violatoria de los convenios 87 y 98 firmados y ratificados por Colombia con la OIT, convenios que gozan de protección constitucional gracias al artículo 93 de la CN; pero por sobre todo su actitud atenta flagrantemente contra los derechos humanos de los y las y trabajadoras.
Frente a esta situación y por la obligación que nos compromete como Central Unitaria de Trabajadores, rechazamos todo acto que atente contra los legítimos derechos laborales otorgados por la constitución y la ley, viéndonos en la tarea de hacer las denuncias respectivas ante las autoridades administrativas y de protección de los derechos humanos a nivel Nacional e Internacional, y de poner en conocimiento de todo el movimiento sindical y social del Departamento para que se pronuncie sobre este hecho.
Llamamos a la administración municipal de Dosquebradas y a sus colaboradores más inmediatos, a que reflexionen y abandonen estas prácticas, y que en cambio busquen la manera de acercarse a los representantes sindicales con tolerancia y prudencia, en el marco del dialogo para la solución concertada a los problemas laborales que se puedan presentar, como garantía de respeto por sus derechos.
Por su atención, mil gracias
COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL
JUAN CARLOS CARDONA SOTO JAVIER MONTES GARCÍA
Presidente Secretario General
