Este es el segundo cierre que tiene este montallantas ubicado en el barrio Santa Isabel de Dosquebradas, y ahora será por tres meses. El Inspector podría ordenar su cierre definitivo. Usuarios denunciaron ante la Oficina del Consumidor de la Secretaría de Gobierno cobros excesivos por los servicios que se ofrecían allí, que van hasta los $7 millones. Los implicados fueron dejados a manos de la autoridad competente, como presuntos responsables.
En respuesta a denuncias ciudadanas y como parte de los operativos de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas ordenó el cierre de un establecimiento de montallantas ubicado en el barrio Santa Isabel. La medida se adoptó tras constatar incumplimientos normativos y la ausencia de documentos obligatorios para su operación, lo que llevó a imponer el segundo cierre al mismo lugar, esta vez por un periodo de tres meses.
De acuerdo con la verificación en sitio, el establecimiento solo presentó el registro de Cámara de Comercio, pero no contaba con licencia de funcionamiento municipal ni con certificaciones requeridas para garantizar condiciones mínimas de seguridad, convivencia y legalidad, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).
“No vamos a seguir permitiendo que los establecimientos engañen o estafen a los ciudadanos. Toda persona tiene derecho a información clara, precios justos y servicios legales”, señaló Alexander Muñoz, director operativo de la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas.
Cabe resaltar que las quejas fueron radicadas por la comunidad ante la Oficina del Consumidor, donde se advirtió sobre presuntos cobros excesivos por los servicios ofrecidos. En el procedimiento se recolectó la información correspondiente y los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para lo de su competencia, en calidad de presuntos responsables.
La Administración municipal reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y anunció que continuará fortaleciendo los controles a establecimientos comerciales, con el fin de garantizar transparencia, legalidad y un trato justo para la ciudadanía.
Asimismo, se invita a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad o abuso comercial en la Oficina del Consumidor, ubicada en el segundo piso del CAM (Secretaría de Gobierno), para activar las rutas de atención y verificación.
Dato de interés
Según la Ley 1801 de 2016, los establecimientos de comercio deben brindar información clara sobre precios y servicios, y cumplir los requisitos exigidos para su funcionamiento; el incumplimiento puede derivar en medidas como suspensión temporal y, en casos reiterados, el cierre definitivo.
