La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó las declaraciones de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, sobre el retiro de pauta oficial a medios de comunicación. La organización advierte que utilizar la publicidad estatal como mecanismo de presión amenaza la libertad de prensa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las declaraciones de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, quien afirmó en redes sociales que el Gobierno habría ordenado retirar la pauta publicitaria a medios de comunicación por el tratamiento informativo que realizan.
El pronunciamiento se produjo luego de que Suárez reaccionara a la difusión de una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, que ubica la aprobación del presidente por debajo del 50 %.
Para la FLIP, la asignación de publicidad oficial no puede convertirse en una herramienta para premiar o castigar a los medios de comunicación dependiendo de su línea editorial o del contenido de sus publicaciones.
La organización advirtió que la deslegitimación pública de los medios, las posibles presiones económicas y los trámites sancionatorios pueden configurar lo que denominó “una forma de censura indirecta”.
Preocupación por el uso de la pauta oficial
La FLIP señaló que la publicidad estatal debe responder a criterios transparentes, objetivos y verificables, y no utilizarse para influir en las decisiones editoriales de los medios o condicionar su trabajo periodístico.
La organización también indicó que ha documentado 14 episodios de acoso contra periodistas desde enero de 2026 y recordó que Colombia no cuenta con una ley específica que regule de manera integral la asignación de pauta oficial.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el poder político, los recursos públicos destinados a publicidad y la independencia de los medios de comunicación.
La controversia plantea una pregunta de fondo: ¿puede la pauta oficial convertirse en un mecanismo de presión contra los medios que cuestionan o fiscalizan al Gobierno?
Para la FLIP, la respuesta debe estar respaldada por garantías que protejan la pluralidad informativa, la independencia periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir información sin presiones económicas o políticas.
