La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a servidores públicos por determinar adscritos a la Alcaldía de Pereira, Risaralda, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la concesión integral del servicio de alumbrado público, que tenía asignados $84 mil 496 millones y definido una duración de 25 años.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira verificará los argumentos por los que a pesar de existir una solicitud de la Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Función Pública para suspender la audiencia de adjudicación para evaluar las circunstancias expuestas, dado el riesgo al interés público, la administración municipal habría optado por desestimarla.
La entidad señaló que se revisará la denuncia presentada por una representante a la Cámara que dio a conocer posibles anomalías en actividades que incluían la administración, operación, mantenimiento, modernización, expansión, suministro de energía eléctrica, implementación de desarrollos tecnológicos e iluminación ornamental y navideña.
Finalmente, el ente de control busca establecer si la empresa que finalmente fue seleccionada tiene presuntos vínculos contractuales y societarios cuestionados y si, adicionalmente, ha sido objeto de investigación en medios de comunicación.
