El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este jueves a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) una contundente medida de seguridad: una ofensiva contra las bandas criminales que operan en Pereira y que, según afirmó, cuentan con apoyos políticos.
“He ordenado una ofensiva contra las bandas de Pereira que cuentan con apoyos políticos. Pereira no puede ser la ciudad de los violentos. Los jóvenes que deseen salir voluntariamente de las bandas pueden articularse con nuestros comisionados de paz”, escribió el mandatario.
El mensaje del presidente ha generado una fuerte reacción política y social en Risaralda, ya que por primera vez desde el Gobierno Nacional se hace referencia directa a presuntos nexos entre estructuras criminales y actores políticos en la capital risaraldense.
Según fuentes cercanas al alto gobierno, la ofensiva incluirá un refuerzo de la fuerza pública, operaciones coordinadas de inteligencia y la intervención de organismos judiciales para investigar posibles vínculos institucionales o de campaña con organizaciones delictivas locales.
El jefe de Estado también hizo un llamado a los jóvenes involucrados en estas estructuras para que abandonen voluntariamente la violencia y se vinculen a procesos de reintegración social a través de los comisionados de paz, quienes lideran en varias regiones programas de reconciliación y oportunidades educativas y laborales.
Reacciones en Pereira
La declaración presidencial ha sacudido el panorama político de Pereira. Mientras algunos sectores respaldan la medida por considerar que la ciudad requiere una intervención urgente frente al aumento de homicidios y extorsiones, otros exigen transparencia y respeto por el debido proceso ante las acusaciones de posibles apoyos políticos.
Dirigentes locales solicitaron al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía General aclarar los alcances de la ofensiva y detallar cómo se garantizará que las acciones no vulneren derechos ciudadanos.
En los últimos meses, Pereira ha registrado un incremento en los casos de violencia urbana, ajustes de cuentas y extorsiones, lo que ha llevado a varios gremios a pedir mayor presencia del Estado y estrategias sostenibles de seguridad.
El Gobierno Nacional, por su parte, insistió en que la estrategia busca restablecer el orden y proteger a la juventud pereirana de la cooptación por parte de las redes criminales.
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