La medida fue firmada por el presidente Abelardo de la Espriella y busca agilizar la destinación de recursos para atender a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto y avanzar en la recuperación y reconstrucción de las zonas golpeadas.
Bogotá, 19 de agosto de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto mediante el cual se declara la emergencia económica por 30 días en nueve departamentos del país afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.
La medida cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Nariño y Sucre, territorios en los que el sismo provocó colapsos y daños estructurales, además de víctimas, personas heridas y afectaciones en viviendas, infraestructura pública y servicios esenciales.
La decisión fue formalizada durante el Consejo de Ministros realizado en el Palacio de San Carlos, donde el mandatario explicó que la magnitud de la tragedia exige una respuesta excepcional por parte del Estado.
Recursos para atender la emergencia
De acuerdo con el Gobierno Nacional, la declaratoria permitirá generar el espacio fiscal y adoptar las medidas necesarias para disponer de recursos destinados a la atención de las víctimas, la recuperación de las zonas afectadas y la reconstrucción de la infraestructura dañada.
El Ejecutivo sostiene que los mecanismos ordinarios del Presupuesto General de la Nación no serían suficientes para responder de manera oportuna a las necesidades derivadas de la emergencia.
La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 30 días, periodo durante el cual el Gobierno podrá adoptar las medidas extraordinarias que correspondan dentro del marco establecido por la Constitución y la ley.
Gobierno advierte sobre la situación fiscal
Durante el Consejo de Ministros, el presidente De la Espriella también se refirió a la situación de las finanzas públicas como uno de los elementos que rodean la respuesta económica frente a la emergencia.
El mandatario aseguró que actualmente cerca de uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública, mientras que hace una década esa proporción era aproximadamente de uno de cada seis pesos.
También señaló que la deuda bruta supera el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que el déficit fiscal continúa generando presión sobre las finanzas nacionales.
Según el Gobierno, estas condiciones hacen necesario adoptar medidas que permitan disponer de recursos adicionales para atender las consecuencias económicas y sociales provocadas por el terremoto.
Atención y reconstrucción, los principales retos
La declaratoria se produce mientras continúan las labores de asistencia humanitaria, evaluación de daños y recuperación en los departamentos afectados.
En regiones como Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó, las autoridades mantienen los operativos de atención a las familias damnificadas y avanzan en los diagnósticos técnicos de viviendas, edificaciones e infraestructura pública.
El Gobierno Nacional deberá ahora convertir las facultades derivadas de la emergencia económica en recursos efectivos para las comunidades afectadas, al tiempo que deberá garantizar mecanismos de control y seguimiento sobre el uso de los dineros destinados a la atención y reconstrucción tras el terremoto.
