Una investigación publicada por la revista Semana volvió a poner en el centro de la controversia a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero, al revelar chats de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios de empresarios que, según el medio, evidenciarían el funcionamiento de una presunta red de corrupción para gestionar contratos con entidades del Estado.
De acuerdo con la publicación, los hechos se remontan al segundo semestre de 2024, cuando empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander habrían sido contactados por las hermanas Guerrero, quienes les ofrecían facilitar la obtención de contratos públicos gracias a supuestas conexiones dentro del Gobierno nacional.
Según los testimonios recopilados por Semana, los interesados debían cancelar inicialmente un millón de pesos para acceder a una primera reunión. Posteriormente, presuntamente se les exigían 200 millones de pesos por las gestiones y el pago del 10 % del valor de cada contrato que lograra ser adjudicado.
La investigación señala que parte de esos recursos habría sido recibida inicialmente por David Trespalacios, una persona cercana a las hermanas Guerrero. Sin embargo, tras diferencias entre las partes y la sospecha de un supuesto desvío de dinero, los pagos habrían comenzado a realizarse directamente a cuentas de las hermanas, pese a que, según el reportaje, inicialmente evitaban recibir recursos de manera directa.
Los chats divulgados por Semana también incluirían conversaciones relacionadas con proyectos de acueducto en el Cesar, programas de mejoramiento de vivienda y otros procesos contractuales. En esos mensajes, según el medio, las hermanas afirmaban tener influencia sobre funcionarios del Gobierno y hacían referencia a reuniones, nombramientos y seguimiento de contratos.
Uno de los apartes más llamativos de la investigación menciona la expresión «jefe de jefes», utilizada en varias conversaciones. De acuerdo con los empresarios que denunciaron el caso, ese término haría referencia al presidente Gustavo Petro y era empleado para transmitir confianza sobre el supuesto avance de las gestiones.
Las conversaciones también harían alusión a entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La publicación recoge además declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien reiteró ante Semana sus señalamientos sobre la presunta influencia que Juliana Guerrero ejercía en diferentes dependencias del Gobierno.
Finalmente, los tres empresarios citados por la revista aseguraron haber entregado más de 600 millones de pesos sin que los contratos prometidos llegaran a materializarse. También afirmaron que posteriormente solicitaron la devolución del dinero, pero, según su versión, nunca recibieron respuesta.
Hasta el momento, Juliana Guerrero y Verónica Guerrero no han sido condenadas por estos hechos. Las revelaciones corresponden a una investigación periodística de la revista Semana y las presuntas conductas deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
