Hay preocupación generalizada por la anunciada ejecución de 32 obras de infraestructura por VALORIZACIÓN en nuestra ciudad. Y con justa razón, puesto que no se ha hecho la necesaria y suficiente ilustración sobre el tema, de suyo impactante y complejo.
En esta columna y sobre el particular, asumo la vocería de la Red Municipal de Veedurías Ciudadanas, de la que soy su Presidente. Partimos de la base de que son obras necesarísimas, inaplazables, pues la ciudad está en un atraso inmenso en materia de movilidad. La congestión de vehículos -públicos y particulares- es enorme, tanto que raya en lo caótico. Es hora de afrontar con decisión alternativas de soluciones. No seguirlas posponiendo, pues recientemente hubo dos propuestas que no florecieron: la del REGEVIS del ex alcalde Cano y la de 2012 del Área Metropolitana.
Pero con lo que no estamos de acuerdo, y así lo expresamos por escrito al Concejo en la sesión en que se aprobó el correspondiente Acuerdo, es que se haya hecho de manera inconsulta con la ciudadanía. Tenemos muchas dudas sobre aspectos fundamentales relacionados con el vasto programa de obras de infraestructura que se pretende desarrollar.
Se estima que el monto total de las obras anunciadas rondan por los $311 mil millones. Ahora bien: ¿cómo y quienes van a pagar esa cuantía? De hecho una parte la erogaremos los propietarios de los inmuebles, pero ¿en qué porcentaje del total del valor de las obras? La fácil respuesta es “depende de los aportes nacional y departamental”.
Teníamos la esperanza de que el Vicepresidente Vargas Lleras en su reciente visita a nuestra ciudad, con motivo de entrega de viviendas, se comprometiera con este Plan de Obras Viales, pero -hasta donde pudimos observar- se mostró indiferente. Desconocemos qué tantas gestiones se hayan hecho en Ministerios y Gobernación y sus resultados, para lograr el financiamiento de tales obras. Del éxito de estas actividades depende, como ya se dijo, establecer el valor que debemos asumir.
Pero también es necesario que se determine la cuantía con la que participará el Municipio en estas obras. Debe haber recursos del pago de impuesto predial y de la pignoración de la sobretasa a la gasolina, inclusive de vigencias futuras hasta donde la Ley lo permita. Como ya hay establecido un techo del costo de las obras y la Administración conoce su capacidad, es recomendable que se dé a conocer el valor, o al menos, el porcentaje, con que va a contribuir.
Ahora bien, ¿todas las obras diseñadas son necesarias? Es probable que no. Señalamos sólo un caso, del que ya tenemos conocimiento: el proyectado puente vial entre el sector de Lusitania (en el barrio Santa Isabel) con el de San Félix, ha ocasionado inconformidad entre los propietarios de éste último barrio, porque el tránsito vehicular, por sus estrechas calles a las que desembocará el puente, romperá la tradicional tranquilidad de sus habitantes. Si se les hubiera consultado, su respuesta hubiera sido un rotundo NO, como lo será si se pretende desarrollar la obra. Además que, parece ser, no se ha sopesado la relación costos – beneficios.
Como el proceso de VALORIZACIÓN apenas está en una etapa de pre factibilidad, confiamos en la sindéresis del Director del I.D.M., doctor Juan David Villa, para que reconsidere o replantee esta obra.
En concreto, la Red Municipal de Veedurías Ciudadanas no se opone a la ejecución de las obras por valorización. Con lo que no hemos estado de acuerdo es con el procedimiento inconsulto; que se tomen decisiones a espaldas de quienes tendremos que pagar las contribuciones o impuestos de valorización. No se puede ignorar el conocimiento, así sea empírico, de quienes vivimos en nuestra ciudad y que, sin duda, enriquecerá y facilitará la tarea emprendida.
Es cierto que hay tres hechos incontrovertibles en este proceso de valorización: a> El generador, esto es, las obras de movilidad y conectividad; b) el Sujeto activo> el Municipio; y c) Sujetos pasivos> los propietarios. Pero por más PASIVOS como se nos clasifique a los propietarios, debemos ser los más ACTIVOS, a quienes no se nos debe excluir, porque en su mayoría, no tenemos la disponibilidad del 8% de nuestros ingresos para pagar el correspondiente impuesto o contribución por valorización, que tan ligera e inexplicablemente aseverara el señor Secretario de Hacienda, disponemos para asumir esta nueva carga impositiva, entre otras muchas e ineludibles.
Dejamos a consideración de nuestros lectores y, especialmente, de la Administración Municipal y del Concejo, las siguientes preguntas que, muy probablemente, se hubieran hecho en el omitido proceso de socialización del Plan de obras por valorización:
1) Cuando se nos habla de valorización, en éste término subyace ¿un impuesto o una contribución especial? porque no son la misma cosa y, además, determina el universo afectado.
2) Tal gravamen impositivo ¿será inscrito en el Registro Público de Documentos Privados? Y si sí, ¿quién asume este gasto y el de su cancelación? Si se vende la propiedad ¿hay que pagar el saldo vigente o el nuevo propietario podrá seguir amortizando el saldo?
3) ¿Qué sistemas y métodos se van a utilizar para definir los costos y beneficios que determinarán la base gravable?
4) ¿Cómo se efectuará la distribución de esa base gravable?
5) ¿Qué porcentaje se aplicará para el ítem de “imprevistos”?
6) ¿Con qué porcentaje se valorarán los trámites técnicos y administrativos para la liquidación, distribución y cobro del gravamen?
7) Sobre los saldos del gravamen ¿habrá lugar al cobro de intereses corrientes y de mora? Y si sí, ¿en qué porcentaje cada uno? ¿Qué plazo habrá para su cancelación? ¿A partir de qué momento se comienza en cobro de la valorización?
8) ¿Cuáles son los factores estructurales para determinar el valor del gravamen o coeficiente de distribución? Ejemplo: Área del terreno, área construida (especialmente por su frente), uso del inmueble, distancia o reflejo de la(s) obra(s) generadora(s) de valorización, impacto económico por beneficio de la(s) obra(s), avalúo predial, estrato socio-económico, etc.
9) ¿Qué incidencia inmediata tendrá éste gravamen en el avalúo predial?
10) Cuando la Administración Municipal nos habla de que -previamente a la ejecución de las obras generadoras de valorización- hay que hacer una ACTUALIZACIÓN CATASTRAL se refiere ¿a hacer revalúo general de los predios? O únicamente ¿a ingresar predios que no están dentro del catastro municipal?
Se nos podrá responder que las respuestas a estas inquietudes están en el Estatuto Orgánico de Valorización, pero el meollo de la respuesta está en qué porcentaje la ciudadanía conoce el Acuerdo del Concejo Municipal #031 de noviembre 30 de 2016.
Es este un plan de gran envergadura y, por tanto, “cuentas claras y chocolate espeso”, como solían decir los abuelos. En el pasado hubo problemas con el colector de Cañaveral, porque se realizó mal el proceso de valorización. Esta situación se arregló satisfactoriamente en la Dirección del I.D.M. del doctor Juan Carlos Sepúlveda; y también se realizó dentro de la Alcaldía del Ingeniero Elder Villegas, bajo la orientación del doctor Sepúlveda, la obra vial La Popa – Los Almendros, sin obstáculos, porque todo el proceso se desarrolló con la participación de las comunidades circunvecinas. No hay que olvidar ni los errores ni los aciertos del pasado, para hacer bien las cosas del presente o del futuro.
Desde luego que la Red Municipal de Veedurías Ciudadanas estará pronta a prestar toda la colaboración necesaria para que en cada sector donde se realicen estas obras, las comunidades aledañas constituyan sus propias Veedurías para ejercer el debido control a la gestión pública, dentro de los parámetros señalados en la Ley 850 de 2003, lo que permitirá tener certeza que su ejecución se realice con apego a las estipulaciones técnicas, costos y plazos determinados tanto en la licitación como en el correspondiente contrato.
Dosquebradas, febrero 1 de 2017.
Correo electrónico: ferpis7@hotmail.com
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