La Misión de Observación Electoral (MOE) ha expresado su profunda preocupación por el proyecto de Acto Legislativo que permitiría a los congresistas cambiar de partido sin perder su curul. En un comunicado oficial, la MOE solicitó al Senado de la República archivar esta propuesta, que ya ha superado cinco debates y se encuentra en su sexta discusión.
La iniciativa, que busca instaurar el transfuguismo político permanente, permitiría a los miembros de corporaciones públicas cambiar de partido una vez por periodo sin enfrentar sanciones por doble militancia. Según la MOE, esta medida representa un retroceso significativo frente a las reformas políticas de 2003 y 2009, diseñadas para fortalecer el sistema partidista colombiano. La organización advierte que el proyecto podría desinstitucionalizar el régimen de partidos y fomentar la personalización de la política.
La ponencia para el sexto debate ha intensificado las alarmas, ya que extiende estas libertades incluso a los directivos de los partidos políticos, debilitando aún más la estructura organizativa de los mismos. Además, la reforma propone eliminar la competencia del Consejo de Estado para sancionar la doble militancia, dejando esta responsabilidad en manos de los partidos, lo que podría comprometer la efectividad del control sobre esta práctica.
Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, enfatizó que permitir a los representantes electos cambiar de partido sin responsabilidad frente a sus electores es incompatible con el fortalecimiento del sistema político. La MOE insta al Congreso a rechazar esta propuesta y a priorizar reformas integrales que fortalezcan la democracia, abordando temas como la democracia interna de los partidos, la regulación de coaliciones y la financiación política.
Finalmente, la MOE subraya que, desde las elecciones de 2022, el número de partidos políticos en Colombia ha aumentado un 76%, pasando de 21 a 37, lo que agrava la dispersión y debilita la representación política. Cambiar las reglas en un contexto electoral sin considerar sus impactos podría tener consecuencias graves para la democracia del país.
