La sanción fue impuesta por la Procuraduría, con el argumento pruebas suficientes para determinar que Londoño incurrió en un tráfico de influencias.
La sanción fue impuesta en diciembre de 2004, porque según el Ministerio Público Londoño incurrió en un tráfico de influencias cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia.
El Ministerio Público determinó que no se le vulneró el debido proceso.
Según el proceso, Londoño, siendo ministro, intervino a favor de la firma italiana Recchi Grandi Lavori Fincosit para que el Ministerio de Transporte le pagara una multa cercana a los 23.000 millones de pesos por concepto de un pleito por el contrato de la vía Bogotá – Villavicencio.
