Lista de candidatos al Congreso que están inhabilitados
La Procuraduría advierte que los candidatos que estando inhabilitados resulten elegidos y se posesionen podrían ser sancionados con destitución e inhabilidad de 10 a 20 años por cometer una falta disciplinaria gravísima, conforme a la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1º.
Del total de 986 candidatos inscritos para Senado, nueve están inhabilitados, mientras que de los 1.793 inscritos para la Cámara de Representantes, hay 11 con inhabilidades. Así quedó establecido en el informe entregado esta semana por la Procuraduría al Consejo Nacional Electoral que incluye el listado de candidatos y las especificaciones de cada caso.
Los candidatos al Senado inhabilitados son: Diego Fernando Ospina Marulanda, Luz Adriana Padilla González, Raúl Antonio Narváez Macías, Moisés Reyes Reyes, Silvano Pinzón Barbosa y Martha Cecilia Salinas Paredes, del movimiento político Todos Somos Colombia; Ernesto Daza Sierra, de Cambio Radical; Alejandro de Jesús Herrera Bustillo, de Opción Ciudadana, y Luis Alberto Martínez Romero, del partido Somos.
Para la Cámara de Representantes están impedidos: José Omar Murillo Ángulo, de la Alianza Social Independiente; Henry Aristizábal Lago, partido Somos; William Zuluaga Mosquera, de la Asociación Afrocolombiana de Asentamiento Ancestral Municipio de San Pedro, Afrosanpedro; Wilmar Hernán Reyes Arizmendi y Luis Alfredo Carvajal Barriga, de Todos Somos Colombia; Martín Alonso Vega Soto, de la Asociación Colombiana Negra Huellas de Africania en Paz; Mario Miguel Montes Pacheco, de la Fundación Afrodescendiente Profesional de Córdoba, Funafropecor; Yaddy Mancera Rodríguez, del partido Liberal, y Álvaro Guazá Carabalí y María Edith Patiño Guerrero, del partido FARC.
La Procuraduría ha sido clara al insistir en que los candidatos al Congreso que, estando inhabilitados para participar de las elecciones de marzo, no se retiraron de las listas presentadas por los partidos políticos, podrían incluso pagar penas de entre los 4 y los 9 años de prisión, por lo que considera sería un evidente fraude electoral e, incluso, podría haber multas de más de $590 millones.