La dolorosa realidad del suicidio

El último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses, en el cual se analiza el comportamiento del suicidio en Colombia de enero a diciembre de 2019, muestra un incremento con respecto a los años anteriores, que ha generado preocupación en los analistas. En 2018, se presentaron 2464 casos, y en el 2019 esta cifra ascendió a 2550, una variación porcentual de 3.5 entre uno y otro año. Desde el punto de vista estadístico, dicho número simplemente prueba que a pesar de los esfuerzos nacionales para disminuir este indicador, los resultados no han sido ni remotamente los esperados, lo que nos obliga, por supuesto, a hacernos un par de preguntas fundamentales: ¿en qué hemos fallado? ¿Estamos perdiendo la lucha contra este fenómeno que se presenta a expensas de poblaciones cada vez más jóvenes?

El informe evidencia, además, que el 35 % de las víctimas se encuentra entre los 18 y 29 años. Quienes hemos estudiado el fenómeno en las últimas dos décadas hemos enfatizado por qué esa edad representa un profundo conflicto para los jóvenes, cuya realidad nacional les ofrece cada vez menos oportunidades de tener una vida digna. Lo que sucede en Risaralda y en su ciudad capital sí que es doloroso. En 2019, en el departamento se suicidaron 15 personas más con respeto al año anterior, y analizar la cifra de Pereira es supremamente pertinente. Veamos: en 2018, 35 personas se suicidaron, y en 2019 fueron 12 más. Esto significa que de un año a otro la variación porcentual alcanzó el 25.5 % –que a nivel nacional fue del 3.5 %. La ciudad ocupa el quinto lugar del país; y solo con propósito ilustrativo, Barranquilla, una ciudad con 1 250 000 habitantes, reportó 42 suicidios en 2019. Sin duda una diferencia abismal.

¿Qué sucede en nuestra ciudad capital? ¿Se pueden disminuir estas cifras? En los estudios poblacionales que se han hecho en todas las latitudes, se ha demostrado de manera contundente que el suicidio es un indicador del estado de salud mental de una población. Significa que algo no estamos haciendo de manera adecuada. Y en cuanto al segundo aspecto, la respuesta es irrebatible: sí, las cifras pueden reducirse siempre y cuando se mejoren las condiciones de vida. Se necesita un compromiso serio y respaldado por la elaboración de una política pública que responda a los aspectos más sensibles de la salud mental de nuestra comunidad.   

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