La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine posibles responsabilidades del expresidente. El caso está relacionado con presuntas presiones a exjefes paramilitares para obtener declaraciones contra dirigentes políticos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el denominado ‘Pacto de Valledupar’, un escándalo político que involucra presuntas reuniones entre funcionarios del Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y antiguos comandantes paramilitares, en medio de supuestos intentos de obtener declaraciones contra reconocidas figuras de la política colombiana.
Como parte de las actuaciones judiciales, el ente investigador compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que, dentro de sus competencias constitucionales y legales, adelante las indagaciones correspondientes sobre el expresidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía, la noticia criminal fue abierta el 31 de agosto y quedó en manos de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Salvatore Mancuso será llamado a declarar
Dentro de las diligencias previstas para esclarecer lo ocurrido, la Fiscalía contempla recibir el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Incluso, el organismo investigador contempla la posibilidad de enviar una comisión de fiscales y agentes de policía judicial para recoger su declaración, si las circunstancias lo hacen necesario.
También serán escuchadas otras personas que habrían participado en las reuniones relacionadas con el denominado pacto, con el propósito de contrastar versiones, establecer cómo se desarrollaron los encuentros y determinar si existieron presiones o actuaciones irregulares.
¿De qué se trata el Pacto de Valledupar?
El escándalo tiene su origen en denuncias sobre reuniones realizadas entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, Cesar, en las que presuntamente participaron delegados del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según las denuncias conocidas, funcionarios del Gobierno habrían intentado presionar o instrumentalizar a exjefes paramilitares para que entregaran declaraciones y formularan señalamientos contra dirigentes políticos.
Entre los nombres que aparecen mencionados en estas denuncias están Álvaro Uribe Vélez, el fallecido Germán Vargas Lleras y Abelardo De La Espriella, actual presidente de la República, según el contexto de la información suministrada.
Las denuncias también fueron relacionadas con declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y del abogado Juan Carlos Villamizar, entre otros.
Procuraduría también investiga
El caso tiene otro frente institucional. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro Armando Benedetti y la exdirectora del DAPRE Angie Rodríguez, quienes aparecen mencionados en las denuncias.
Las actuaciones de la Fiscalía y de los organismos de control buscan establecer si existieron presiones indebidas, utilización de antiguos integrantes de grupos armados ilegales con fines políticos o posibles irregularidades en las actuaciones de funcionarios públicos.
Por ahora, las denuncias están en etapa de investigación y no constituyen una declaración de responsabilidad penal contra las personas mencionadas.
