La decisión fue adoptada el 12 de noviembre de 2026 bajo la causal de inexistencia del hecho. La Fiscalía concluyó que no encontró elementos probatorios que permitieran acreditar las conductas denunciadas, aunque dejó abierta la posibilidad de reactivar la investigación si aparecen nuevas pruebas.
La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal.
La determinación, contenida en una resolución de 47 páginas fechada el 12 de noviembre de 2026 en Bogotá, se fundamentó en la causal de «inexistencia del hecho», luego de que el ente investigador concluyera que no encontró elementos materiales probatorios suficientes para establecer la ocurrencia de las conductas denunciadas.
El expediente estaba relacionado con las presuntas entregas de dinero y ofrecimientos a testigos, entre ellos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, en el contexto de las declaraciones que rodearon el proceso judicial contra el exmandatario.
Los argumentos de la Fiscalía
En su decisión, la Fiscalía examinó las hipótesis sobre supuestos pagos a testigos y concluyó que no logró establecer una relación entre las operaciones económicas cuestionadas y las declaraciones entregadas ante las autoridades.
Uno de los aspectos analizados fue el levantamiento de una hipoteca relacionada con Gabriel Muñoz Ramírez. Según el despacho, esta operación correspondió a un acuerdo comercial con justificación económica suscrito entre 2009 y 2011, mientras que los presuntos ofrecimientos para obtener testimonios habrían ocurrido en 2015.
También se revisó la información entregada por Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, cuyo testimonio dio origen a la noticia criminal. La Fiscalía señaló que no aportó detalles ni pruebas que respaldaran los supuestos pagos y que su versión estaba basada en rumores conocidos durante su reclusión.
A partir de estos elementos, el organismo investigador determinó que no era posible acreditar la existencia de los hechos denunciados ni la configuración del delito de soborno en la actuación penal.
Una investigación con antecedentes de más de una década
El expediente se remonta al 23 de febrero de 2012, cuando Álvaro Uribe, a través de su representante judicial, denunció al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda.
El exmandatario cuestionó la recolección de entrevistas a exparamilitares, al considerar que el congresista habría asumido funciones que correspondían a la Fiscalía.
Posteriormente, las controversias alrededor de los testimonios y las presuntas maniobras para influir en declaraciones judiciales dieron lugar a diferentes actuaciones y procesos que marcaron uno de los episodios judiciales y políticos más relevantes de la historia reciente del país.
La Fiscalía precisó que el archivo se adoptó conforme al artículo 79 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, aclaró que la investigación podría reanudarse si aparecen nuevos elementos materiales probatorios que permitan modificar la decisión, siempre que la acción penal continúe vigente.
Centro Democrático celebró la decisión
Tras conocerse el archivo, el partido Centro Democrático se pronunció a favor de la determinación de la Fiscalía y aseguró que «la verdad termina imponiéndose».
En su pronunciamiento, la colectividad sostuvo que las acusaciones de Iván Cepeda contra el expresidente Uribe se derrumbaron ante la falta de pruebas.
La decisión vuelve a poner en el centro del debate político nacional la controversia judicial entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, un enfrentamiento que durante años ha tenido importantes repercusiones en la política colombiana.
