La exfuncionaria es señalada de celebrar directamente un convenio interadministrativo con Aldesarrollo para implementar el sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol. La Fiscalía le atribuye los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Bogotá, 6 de noviembre de 2026. La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con la contratación del sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol, contemplado en el Decreto 1622 de 2022.
La acusación fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y está relacionada con los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la investigación, cuando Urrutia estaba al frente del Ministerio del Deporte, la entidad celebró directamente un convenio interadministrativo con Aldesarrollo por un valor superior a los $4.950 millones, cuyo objeto era contratar el análisis para la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios.
La herramienta tecnológica buscaba asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios deportivos y verificar sus antecedentes, con el propósito de impedir el acceso de personas que tuvieran restricciones para hacerlo.
Fiscalía advierte presuntas irregularidades en la contratación
Según el ente acusador, el convenio se habría celebrado desconociendo disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes.
La investigación también señala que las condiciones contractuales habrían establecido la subcontratación de una persona particular, con quien presuntamente se había acordado previamente la ejecución de la iniciativa.
Entre las irregularidades identificadas por la Fiscalía figuran la ausencia de estudios de mercado y la falta de procedimientos para establecer el valor del contrato y los costos de las actividades contempladas.
Habría desatendido advertencias de funcionarios
La Fiscalía también sostiene que la entonces ministra desatendió advertencias de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte, que alertaban sobre posibles irregularidades e ilegalidades durante la etapa precontractual.
Pese a esas observaciones, Urrutia suscribió el convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022.
Adicionalmente, la investigación identificó presuntas falsedades en documentos públicos con vocación probatoria. Según la Fiscalía, tanto en los estudios previos como en el acto administrativo de justificación se habrían incluido hechos que no correspondían con la realidad.
Con la formulación de acusación, el proceso avanza a una nueva etapa judicial. Será la autoridad competente la encargada de determinar la responsabilidad penal de la exministra.
