El general en retiro Jorge Luis Vargas Valencia aseguró que habría sido víctima de seguimientos, perfilamientos y consultas ilegales de información financiera durante el gobierno de Gustavo Petro. Anunció acciones judiciales contra los responsables.
Un nuevo frente judicial se abre alrededor de las presuntas actuaciones ilegales de los organismos de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro. El general en retiro Jorge Luis Vargas Valencia, exdirector de la Policía Nacional, anunció que emprenderá acciones penales para que se investigue el supuesto seguimiento del que habría sido víctima.
La denuncia fue realizada este jueves 15 de octubre, luego de conocerse publicaciones periodísticas que señalan presuntas actividades de vigilancia sobre sus movimientos, su vida personal y su información financiera, en las que estarían involucradas la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Según Vargas Valencia, se habrían utilizado recursos y capacidades del Estado para realizar seguimientos y perfilamientos con fines ajenos a las funciones legales de estas entidades.
El oficial retirado también recordó declaraciones del entonces presidente Gustavo Petro en una entrevista con el periodista Daniel Coronell, en la que, según afirmó, el mandatario manifestó tenerlo «entre ojos». Para Vargas, esa expresión constituye un antecedente que debe ser tenido en cuenta frente a los hechos denunciados.
Acciones penales
El exdirector de la Policía confirmó que, junto con su equipo de asesores jurídicos, inició las acciones legales correspondientes para buscar la judicialización de quienes habrían ordenado o ejecutado estas actuaciones.
Entre los posibles delitos que mencionó se encuentran abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente y concierto para delinquir, entre otras conductas que deberán ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
La denuncia generó reacciones en el escenario político nacional. El expresidente Iván Duque expresó su solidaridad con Vargas Valencia y lo calificó como un «héroe de Colombia».
El caso vuelve a poner en el centro del debate el manejo de los organismos de inteligencia del Estado, los límites de sus facultades y las garantías de privacidad de los ciudadanos y dirigentes políticos.
Por ahora, corresponderá a las autoridades judiciales establecer si existieron seguimientos ilegales, quiénes estarían detrás de ellos y si hubo responsabilidades dentro de las instituciones señaladas.
