La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró definir la situación jurídica de seis legisladores y exlegisladores vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras dos sesiones de votación esta semana, el resultado final fue un empate 3-3, lo que impide tomar una decisión inmediata sobre posibles capturas o llamados a juicio.
El mecanismo para destrabar el proceso
Ante la falta de una mayoría entre los seis magistrados de la Sala, el reglamento obliga a recurrir a terceros para romper el bloqueo:
Convocatoria de conjueces: El próximo miércoles, la Sala se reunirá para elegir a dos conjueces que intervendrán en el debate.
Cronograma: Debido a este trámite adicional, la resolución definitiva se postergará hasta después de la jornada electoral del 8 de marzo.
Los implicados y los cargos
La investigación, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, busca determinar la responsabilidad de cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara en un presunto esquema de «votos por contratos»:
| Investigados | Presunto Rol |
| Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz | Señalados de condicionar su voto en la Comisión de Crédito Público a cambio de beneficios burocráticos. |
El «Modus Operandi» investigado
De acuerdo con el expediente, los congresistas habrían pactado la aprobación de créditos solicitados por el Gobierno Nacional bajo una condición específica: la adjudicación de contratos de la UNGRD a personas cercanas en territorios clave.
Municipios bajo la lupa:
Saravena (Arauca)
Cotorra (Córdoba)
Carmen de Bolívar (Bolívar)
Contexto: La investigación sugiere que estos contratos se habrían gestionado a través de intermediarios, convirtiendo la aprobación de recursos públicos en un objeto de transacción política.
