• El presunto entramado de corrupción nacional con los recursos de la paz

    En el escándalo se relaciona a funcionarios del Gobierno y de la Contraloría General. En la investigación se menciona a un congresista bolivarense y a un risaraldense.

    Emilio Archila, exconsejero Presidencial de Estabilización y Consolidación.

    Fuente / eluniversal.com.co

    Sebastian Nohra y Valeria Santos, periodistas de Blu Radio y de Cambio, tras seis meses de investigación, develaron uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos. Según su investigación, bajo la gestión de Luis Alberto Rodríguez, en la Dirección Nacional de Planeación. “funcionarios de esa entidad y de la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del Partido Conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos que aprueba el Ocad-Paz”, reseñaron.

    Este es el órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto. Según Blu Radio, entre junio y diciembre de 2021, “cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos”.

    Rodríguez, oriundo de Valledupar y con credencial conservadora, actualmente está en campaña para ser contralor general. Entre los nombres mencionados, se encuentra el de Yamil Arana, representante a la Cámara del Partido Conservador, nacido en Magangué.

    Según la información expuesta por Blu Radio y fuentes cercanas a Arana, no hay pruebas para establecer una responsabilidad directa del congresista bolivarense, pues este fungió como invitado en algunas reuniones, sin injerencia en cuanto a voto o decisión para dirigir recursos.

    No obstante, según precisaron Nohra y Santos, los protagonistas del presunto desfalco provienen del Cesar. “Los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021 fueron Emilio José Archila, exconsejero para el Posconflicto, los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz (cesarense); y el entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública”, narró Blu Radio.

    Pero el papel protagónico, al parecer, lo tendría el congresista cesarense del Partido Conservador, Ape Cuello. Varios alcaldes de los municipios Pdet le dijeron a Blu Radio que “para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad-Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, “pagar entre 6 % y 15 % de dádivas”, señalando con nombre propio a funcionarios del Gobierno y a congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello.

    Los periodistas encontraron que, entre 2019 y 2022, Cesar recibió 652.852 millones de pesos mientras que Guainía obtuvo 1.500 millones de pesos. “Según varios testimonios, esto fue posible gracias a los favores recibidos por políticos y funcionarios con trayectoria en esa zona del país”, señalaron.

    Al cesarense Aníbal Quiroz, contralor delegado de la Unidad de Regalías, lo denunciaron por rechazar proyectos aún cuando ya tenían todos los vistos buenos de las otras entidades: “Los conceptos emitidos por la Contraloría, ejerciendo el control preventivo, fueron poco ‘técnicos’ livianos e injustificados para apretar alcaldes y tumbar proyectos para que el comité Ocad-Paz no les diera luz verde”, aseguró la pesquisa.

    En la misma línea, la Secretaría técnica del Ocad-Paz estaba a cargo de Álvaro Ávila, entonces director del Sistema General de Regalías del DNP. “Él elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y, para ello, debía tener en cuenta el orden en el que se inscribían, pero al parecer no fue así. Los alcaldes de Orito, Putumayo, y Condoto, Chocó, se quejaron por escrito al considerar que en la priorización de los proyectos no se tenía en cuenta este orden”, reveló la investigación.

    Blu Radio tuvo acceso a testimonios de personas que trabajaron con él en la Dirección Nacional de Planeación y que conocieron denuncias enviadas en su contra por pedir coimas para facilitar la adjudicación de los proyectos.

    No era un secreto

    “La situación no era un secreto, porque en ese sentido hay varias quejas y denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien presidía el Ocad-Paz. En un correo recibido por el consejero con el asunto: “Dolor de patria por los municipios Pdet”, se afirma que senadores, la Contraloría y el DNP, están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) Les den el ok”´, establecieron los periodistas.

    Todo este entramado de corrupción se pudo dar después de la reforma de la Ley de Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no tienen la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que en 2020 le asignó a este ente facultades para hacer control previo.

    La bolsa de recursos del Ocad-Paz es limitada, proviene del 7 % de las regalías y, por su diseño, pone a competir a los 170 municipios Pdet para obtener la financiación de sus proyectos. Tampoco existe un tope legal para el número de iniciativas o de presupuesto, que se puede aprobar a una región, pero la ley señala que el Ocad debe distribuir los recursos con equidad en los distintos territorios y en los diferentes pilares.

    Para que los proyectos que presentan los alcaldes puedan ser considerados en una sesión del Ocad-Paz, deben cumplir con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP; del ministerio sectorial al que pertenece el proyecto, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Contraloría General de la República.

    Investigaciones y rol de la Contraloría

    La Procuraduría General de la Nación aseguró que, tras las denuncias anónimas recibidas, este proceso se encuentra en etapa de investigación y estaría para alegatos precalificatorios. Esto significa que, aunque la apertura del caso se hizo el 14 de agosto de 2020, al 27 de mayo de 2022, cuando Blu Radio obtuvo la comunicación del ente de control, el caso no ha evolucionado en dos años.

    En todo este andamiaje, resaltó Blu Radio, llama la atención que tanto los dos contralores, Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón, como Luis Alberto Rodríguez exdirector de Planeación Nacional, mencionados por diferentes fuentes en este caso, sean hoy candidatos para reemplazar a Felipe Córdoba en su cargo como contralor general del República.

    Según los periodistas, la Contraloría respaldó a los funcionarios que dieron luz verde a los proyectos y conminó en el marco de la colaboración armónica entre las instituciones a que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investiguen a profundidad cada una de las actuaciones realizadas por los funcionarios mencionados, de manera que determinen si su accionar implica alguna responsabilidad en lo penal o disciplinario, y se llegue hasta las últimas consecuencias al respecto.

    Papel de congresistas

    En la sesión 51 del Ocad-Paz, el senador conservador Samy Meregh defendió a este fondo para que se le aprobaran proyectos y en la sesión 53, realizada en 2021, este fondo mixto también fue respaldado por el representante a la cámara, Wadith Manzur, también del conservatismo, quien, de acuerdo con el acta de la reunión, resaltó con entusiasmo el buen índice de gestión y capacidades como contratista.

    “Rasparon la olla”
    El periodista Sebastián Nohra expuso que: “Además de los montos que nunca llegarán a las regiones por la corrupción, rasparon la olla del dinero que debía invertirse en 10 años, principalmente en el desarrollo de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico. En 2020, el Congreso aprobó que los recursos de regalías proyectados a 2030 se ejecutaran hasta el 2022. Como la ley fue sancionada en diciembre, ese adelantó se adjudicó en 2021, año en el que los proyectos aprobados sumaron 4,4 billones de pesos, lo que contrasta con el billón de pesos destinado en 2020 y los 36.000 millones aprobados este año hasta mayo 30.

    Blu Radio estableció que el empeño puesto por gastar al máximo los recursos de regalías para la paz se dio en 2021, antes de que Rodríguez y Ávila salieran del DNP. “La conclusión es simple: rasparon la olla, según los testimonios y las denuncias se habrían apropiado de recursos de la paz y los proyectos que fueron aprobaron y ejecutados, se eligieron con criterios políticos y clientelistas”, aseguraron.

    Y concluyeron: “La situación es tan grave que el mismo consejero Archila manifestó, en la sesión 56 del Ocad-Paz, que la bolsa de recursos para los proyectos de los municipios Pdet difícilmente podrá llenarse de nuevo. “Lo que nosotros llamamos el `adelanto’ no era un regalo, no era un plus para ese 7 % (de los ingresos del Sistema General de Regalías), era textual el adelanto de los próximos 10 años”, explicó el funcionario.

    Por su parte, Nohra manifestó que: “La historia del saqueo a los recursos de la paz es la punta del iceberg. Debajo hay mucha basura. No podemos revelarla toda porque nos demandan. Pero les pasaría un escalofrío si supieran el 5 por ciento de lo que yo sé. Animo a colegas y audiencia a no dejar morir esta denuncia. El olvido es el mayor aliado de la corrupción. Y me saldrá mi primera cana esperando que el primero vaya a la cárcel”.

    En sintonía, Valeria Santos, señaló: “Más vale que el fiscal Francisco Barbosa investigue este sucio entramado de corrupción. Lástima para el país que sus amigos sean los que deberían ser investigados. Aunque no hay ninguna prueba en contra del exconsejero Archila, y las fuentes coincidan en que no tuvo nada que ver, no deja de ser muy desafortunado que todo esto haya ocurrido bajo sus narices”.

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