El debate inició caldeado desde que el corporado Jhon Jairo Arias Henao, en su intervención sobre el Proyecto de Ordenanza 010: ‘por el cual se autoriza al Gobernador de Risaralda para la celebración de contratos’, expresó que para él lo que el Gobernador pretende para 2018 es una dictadura.
“Eso es lo que está planteado en las disposiciones generales del presupuesto 2018. Todo el año ha habido dificultades en el sentido de nuestro control político, todo se lo achacan al G7, pero resulta que estudiando el proyecto de ordenanza presupuesto 2018, encontramos que por lo menos 12 de las 36 disposiciones generales le dan la posibilidad al Gobernador que no necesite a la Asamblea para nada. Si le entregamos facultades, y fuera de eso aprobamos las disposiciones como él las ha presentado, entonces pidamos que acaben las Asambleas. Aquí vamos a pasar de una dictadura que dicen que está aplicando el G7, a una dictadura peor que la de Maduro que la está aplicando el Gobernador de Risaralda”, expresó JJ Arias
El diputado Alexánder García, al respecto realizó la proposición 001 para facultar al Gobernador para contratar hasta el 31 de diciembre de 2017, la cual fue aprobada con 7 votos positivos y 5 negativos.
Finalmente, y luego de aprobada la proposición, los corporados por unanimidad le dieron el sí para pasar al despacho del gobernador y ser sancionado, al Proyecto de Ordenanza 010: ‘por el cual se autoriza al Gobernador de Risaralda para la celebración de contratos hasta el 31 de diciembre de 2017’.
“Lo que hemos hecho en la Asamblea es un seguimiento a los diferentes procesos. A las facultades del señor Gobernador le hemos realizado un acompañamiento juicioso. Aprobamos las facultades hasta el 31 de diciembre para estar pendientes de cada una de las acciones que se efectúen desde el ente departamental. A medida que el doctor Sigifredo Salazar vaya necesitando las facultades, que se vaya programando”, expresó Julián Alonso Chica Londoño, presidente de la Asamblea de Risaralda.
Al respecto también se pronunció el corporado Geovany Londoño, quien no dudó en expresar que esta decisión afecta el normal trasegar del Gobierno Departamental, tanto así que el primer mandatario de los risaraldenses podría iniciar 2018 sin facultades.
“Recordemos que vienen las elecciones del Congreso, un tema de Ley de Garantías que está vigente, también las elecciones de la Presidencia de la República, y esta decisión obviamente limita un poco porque el Gobernador tiene que dejar todo lo que tiene que ver con contratación estatal para el próximo año, listo desde noviembre o diciembre. Es posible que el primero de enero amanezca sin facultades, lo que significa dos cosas: primera, que todo lo que el
Gobernador tiene se frenaría. Y dos, tendría que llevar cualquier contrato a una licitación pública que podría durar 40 días, lo que realmente entorpece la administración”, finalizó Londoño.
Los diputados integrantes del denominado G5, dejaron una constancia escrita donde manifestaron su inconformidad por no facultar al Gobernador de Risaralda para celebrar contratos hasta el 30 de junio de 2018, como lo propuso el asambleísta Geovany Londoño.
Sí a modificación de presupuesto
Debido al empate en votación que se presentó el pasado jueves con respecto al Proyecto de Ordenanza 012: ‘por el cual se modifica el presupuesto de rentas y gastos de Risaralda, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017’, este martes, como lo ordena el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Risaralda, se repitió el sufragio, que arrojó como resultado 12 votos positivos para que este pase a comisión y sea estudiado para tercer debate en plenaria.
