El excontralor general de la República presentó acciones judiciales ante la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Solicita investigar posibles seguimientos e interceptaciones ilegales desde la DNI y la UIAF contra opositores y figuras públicas.
El expresidente Gustavo Petro enfrenta acciones judiciales promovidas por el excontralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien solicitó a las autoridades investigar presuntos seguimientos, perfilamientos e interceptaciones ilegales que habrían sido realizados desde organismos de inteligencia del Estado.
Las acciones fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según el documento presentado por Córdoba, existirían indicios sobre la utilización de recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para recopilar información sobre opositores políticos, exfuncionarios y representantes de diferentes sectores de la sociedad.
El excontralor, quien estuvo al frente de la Contraloría General entre 2018 y 2022, pidió establecer si el exmandatario tuvo alguna responsabilidad en estas actuaciones y si se pudieron configurar delitos como concierto para delinquir, abuso de función pública y utilización indebida de información oficial privilegiada.
La denuncia también solicita investigar a antiguos directores de la DNI y la UIAF, así como a funcionarios que presuntamente habrían participado en la recopilación de información privada.
Entre las posibles conductas delictivas mencionadas en el escrito figuran interceptación de datos informáticos, acceso abusivo a sistemas, violación de datos personales y falsedad ideológica en documento público.
Personalidades presuntamente afectadas
En la denuncia aparecen mencionados los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, el exfiscal general Francisco Barbosa, la exprocuradora Margarita Cabello, la exvicefiscal Martha Mancera y los excongresistas Miguel Uribe Turbay y Ramiro Bejarano, entre otras figuras del ámbito político, periodístico y jurídico.
El documento también establece posibles similitudes con los esquemas de vigilancia ilegal que en el pasado involucraron al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Ahora corresponde a las autoridades competentes evaluar las pruebas, adelantar las investigaciones y determinar si existieron responsabilidades. Las denuncias presentadas no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad contra las personas mencionadas.
