El proyecto aprobado por el Congreso establece mecanismos jurídicos para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto, sin reconocimiento de estatus político para estas estructuras.
El presidente Abelardo De La Espriella celebró la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa presentada por su Gobierno que busca establecer un nuevo marco jurídico para facilitar el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto en Colombia.
“¡Habemus Ley de Sometimiento!”, expresó el mandatario al conocer la decisión del Legislativo, que calificó como un cambio frente a la política de paz total implementada por la anterior administración.
“La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó De La Espriella, quien reiteró que su Gobierno continuará trabajando en el fortalecimiento de la seguridad, la justicia y la tranquilidad de los colombianos.
El jefe de Estado también destacó el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien reconoció por su compromiso durante el trámite legislativo. De igual manera, agradeció al Congreso de la República por respaldar la iniciativa.
Por su parte, el ministro Cancino resaltó la culminación del trámite legislativo y agradeció a los congresistas, coordinadores, ponentes y demás sectores que participaron en la construcción y discusión del proyecto.
¿Qué contempla el proyecto de sometimiento?
La iniciativa establece mecanismos jurídicos dirigidos al desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. Entre sus principales disposiciones contempla que estas estructuras no recibirán reconocimiento de estatus político ni participarán en mesas de negociación política.
En materia de sanciones, el texto aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes contempla penas mínimas de 10 años de prisión para los mandos de las organizaciones criminales.
También establece reducciones de hasta el 50 % para integrantes de base y del 30 % para cabecillas, de acuerdo con las condiciones y requisitos previstos en la norma.
Otro de los componentes de la iniciativa es que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Con esta aprobación, el Gobierno nacional busca contar con nuevas herramientas jurídicas para combatir las estructuras criminales y avanzar en su desmantelamiento. El alcance definitivo de las disposiciones dependerá de la culminación de los procedimientos legales correspondientes.
