Una auditoría financiera de la Contraloría General evidenció inconsistencias en el manejo de bienes donados, fallas contables y una baja ejecución presupuestal cercana a los $2 billones. El organismo de control advirtió que estas deficiencias podrían afectar la atención de millones de víctimas del conflicto armado.
La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por cerca de $33.000 millones en la Unidad para las Víctimas, luego de una auditoría financiera que evidenció graves inconsistencias en el manejo de bienes donados, deficiencias en los registros contables y una baja ejecución del presupuesto de la entidad.
De acuerdo con el organismo de control, las irregularidades corresponden a bienes entregados como donaciones por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que no cuentan con soportes que acrediten su entrega a los beneficiarios, no fueron ubicados físicamente y tampoco aparecen registrados en la contabilidad oficial de la entidad.
La Contraloría señaló que estos hallazgos reflejan problemas en la calidad y confiabilidad de la información financiera de una institución que administra un presupuesto cercano a los $4,4 billones anuales y que tiene la responsabilidad de atender a cerca de 10 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.
Baja ejecución del presupuesto
El informe también advierte un preocupante rezago en la ejecución de los recursos durante la vigencia 2025.
Aunque la Unidad para las Víctimas comprometió el 97 % del presupuesto asignado, equivalente a aproximadamente $4,4 billones, las obligaciones efectivamente ejecutadas apenas alcanzaron el 50 %, dejando un rezago presupuestal cercano a $2 billones.
«A pesar de las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución y los compromisos misionales, dichas acciones no fueron suficientes para materializar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados», señaló la Contraloría en su informe.
El organismo advirtió que esta situación compromete el cumplimiento de las metas institucionales y podría afectar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de las víctimas.
Una entidad clave para atender las crisis humanitarias
La Unidad para las Víctimas tiene la misión de brindar asistencia integral, reparación económica y acompañamiento a las personas afectadas por el conflicto armado, además de responder a emergencias humanitarias como los desplazamientos forzados que continúan registrándose en distintas regiones del país.
Por ello, la Contraloría considera especialmente preocupantes las fallas administrativas detectadas en una entidad de alto impacto social.
Cuestionamientos por el manejo de la entidad
Las observaciones del organismo de control se conocen en medio de cuestionamientos sobre la dirección de la entidad durante los últimos años.
A comienzos de este año, la defensora del Pueblo, Iris Marín, había alertado sobre la inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas, señalando que en el actual gobierno han pasado cinco directores y que la entidad permanece con una directora encargada.
Asimismo, el manejo administrativo de la institución ha sido objeto de críticas por presuntas prácticas clientelistas.
Denuncias publicadas por Semana
La revista Semana publicó el año pasado una investigación en la que asegura que la Unidad para las Víctimas se habría convertido en un fortín burocrático vinculado a un grupo político de Santander liderado por el senador Gustavo Moreno y por Alfonso Eljach Manrique, actual alcalde de Barrancabermeja.
Según esa publicación, durante el último año 22 de los 45 cargos directivos de la entidad habrían sido ocupados por personas cercanas a ese grupo político.
La revista también señala que el entonces director de la entidad, Adith Rafael Romero, habría llegado al cargo sin experiencia en la atención de víctimas y que su nombramiento respondería a acuerdos políticos.
Hasta el momento, las denuncias periodísticas no hacen parte de los hallazgos fiscales presentados por la Contraloría, pero se suman a las críticas sobre el funcionamiento de una entidad encargada de garantizar los derechos de millones de colombianos afectados por el conflicto armado.
