El Consejo de Estado ordenó la práctica de nuevas pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura contra nueve congresistas señalados de presuntos vínculos con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Declaraciones clave
Entre las pruebas decretadas se encuentran los testimonios de los exministros Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Diego Guevara, así como del exdirector de la Ungrd, Olmedo López.
El alto tribunal también solicitó documentos, registros de declaraciones de al menos diez testigos y soportes relacionados con la actividad legislativa de los investigados. Parte de las diligencias se desarrollará en audiencias programadas para los días 9, 10 y 11 de marzo.
Los congresistas involucrados
La demanda cobija a los senadores Martha Peralta (Mais), Berenice Bedoya (ASI), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como a los representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Conservador), Julián Peinado (Liberal) y Karen Manrique (curul de paz).
El recurso sostiene que los parlamentarios habrían incurrido en tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, al presuntamente gestionar coimas, contratos y cargos burocráticos a cambio de facilitar el trámite de iniciativas estratégicas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellas operaciones de crédito público.
Aspiraciones electorales
Seis de los nueve congresistas buscan mantenerse o ascender en el Congreso en las próximas elecciones. Wadith Manzur aspira al Senado en la lista del Partido Conservador, mientras que Juan Loreto Gómez busca la reelección en la Cámara.
Martha Peralta, presidenta de Mais, también figura en el escenario electoral, al igual que Berenice Bedoya (ASI) y Julio Elías Chagüi (Partido de la U), quienes compiten por un escaño en el Senado. Por su parte, Karen Manrique intenta repetir curul de paz por Arauca.
Proceso en la Corte Suprema
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia ya cerró la etapa probatoria en el proceso penal relacionado con el mismo caso. Ahora, la Sala de Instrucción deberá definir qué congresistas serán llamados a juicio por el escándalo de corrupción que sacude a la Ungrd.
El proceso avanza en dos frentes judiciales que podrían tener consecuencias disciplinarias y penales para los implicados, en uno de los casos de mayor impacto político en el actual periodo legislativo.
