Bogotá / RAM. Un informe de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, confirmó que las empresas Kimberly, Familia, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda, así como Drypers, incurrieron en un ‘cartel’ para manipular los precios del papel higiénico.
El informe encontró que “las empresas investigadas participaron en un acuerdo permanente e ininterrumpido para la fijación de precios mediante la concertación sobre el precio de venta de los productos”.
En este sentido, el documento recomienda al superintendente, Pablo Felipe Robledo, que las multas para las empresas que sean encontradas responsables “puedan ascender hasta los $68.945 millones (100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes)”.
“Las personas naturales que llegaren a encontrarse responsables, podrán ser multadas con una suma de hasta $1.378 millones (2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes)”, completa el informe de la Superintendencia Delegada.
Este acuerdo se originó en el año 2000 y, según las pruebas encontradas por la entidad, se mantuvo al menos hasta finales del año 2013.
Las compañías acordaron además “el porcentaje de incremento de ese precio y el porcentaje de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”.
Señala el informe que Kimberly y Familia fueron las primeras compañías en llegar a este acuerdo de precios y que el resto de empresas fueron integrándose paulatinamente. En el caso de Cartones y Papeles del Risaralda y de Papeles Nacionales, su participación finalizó en el año 2011.
Sobre la operación del cartel, dice la delegatura que “existía una distribución jerárquica para la adopción de las decisiones dependiendo de su frecuencia e importancia”.
Así, “se demostró que los gerentes generales de cada compañía involucrada en el acuerdo de precios tenían conocimiento de la práctica ilegal y participaron directamente de ella a través de contactos en los que definían el marco general del acuerdo. Mientras que funcionarios de menor jerarquía, pero que contaban con capacidad de decisión, se encargaban de la implementación práctica de las directrices de cada empresa para el desarrollo de la práctica ilegal”.
Añade el documento que “se pudo determinar que con el fin de ocultar su comportamiento ilícito utilizaron cuentas de correo electrónico creadas mediante el uso de nombres ficticios y empelaron apodos o nombres fachada para referirse entre ellos”.
Llama la atención del documento que Kimberly podría ser exonerado del 100 % del pago de la eventual sanción por su condición de primer delator del cartel, mientras que Familia sólo pagaría el 50% de su eventual multa.
